Las 48 horas del martes 6 y del miércoles 7 de diciembre de 2022 estremecieron a las clases políticas de América Latina y el Caribe.
La abogada argentina Cristina Fernández, viuda de Kirchner, presidenta de Argentina de 2007 a 2015, fue condenada el martes a seis años de cárcel por administración fraudulenta.
El general en retiro guatemalteco Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala de 2012 a 2015, fue sentenciado el miércoles a 16 años de prisión por asociación ilícita y defraudación aduanera.
Y el 7, en una convulsa cadena de hechos, el maestro y sindicalista peruano Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú por presuntos actos de corrupción con dinero público.
“La justicia está funcionando”, afirmó el politólogo, sociólogo y teólogo José Luis Pérez, profesor de la Universidad del Pacífico, en Lima.
“La corrupción es lamentable, no solo en Perú ni sólo en el continente. Podríamos tener la lectura (…) de que en todos los países hay corrupción y en el único en el que meten presos a los expresidentes es en Perú. Es una lectura válida”, dijo Pérez.
“No es la corrupción privativa o exclusiva de Perú. Se da en muchos países, pero aquí [en Perú] la justicia está funcionando e inclusive hasta los expresidentes van presos”, agregó al aludir a que siete exmandatarios peruanos que gobernaron desde 1990 —Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García (se suicidó en 2019), Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Castillo— quedaron acorralados por escándalos de corrupción.
En un dilema continental, el escenario oscila entre la impunidad y el castigo.
Durante o después de sus mandatos, por corrupción, represión, abuso de poder y otras presuntas acusaciones políticas, al menos medio centenar de expresidentes civiles y militares de América Latina y el Caribe de 1980 a 2022 debieron someterse —de forma obligada o voluntaria— a la justicia de sus países o son prófugos internacionales.
Del total, hay seis encarcelados: Pérez Molina (2012-2015), el salvadoreño Antonio Saca (2004-2009), el hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), los peruanos Alberto Fujimori (1990-2000) y Castillo (2021-2022), y la boliviana Jeanine Áñez (2019-2020), y uno, el guatemalteco Álvaro Colom (2008-2012), está en arresto domiciliario.
Otros, como Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) o el panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) recuperaron la libertad luego de permanecer presos en escándalos de presunta corrupción.
Algunos, como los salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), huyeron de la justicia de El Salvador y lograron que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, los acogiera y otorgara asilo y hasta la nacionalidad nicaragüense.
Los ejemplos abarcan al peruano Toledo, presidente de 2001 a 2006 y todavía libre en Estados Unidos, pero que sería extraditado a Perú por blanqueo de dinero.
El ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) fue condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho, pero consiguió asilo en Bélgica, donde permanece en libertad.
En este contexto de impunidad y castigo, también imperó el viejo factor ideológico.
Si la justicia de sus naciones procesa o condena a los izquierdistas Castillo, Fernández, Lula, Correa, Funes y Sánchez Cerén, sus correligionarios de América Latina y el Caribe acusan que son víctimas de una mafia, de una venganza política y de una conjura fraguada por la derecha.
Pero si la justicia somete por corrupción a expresidentes derechistas, la izquierda proclama un triunfo del pueblo contra la impunidad.
“Salvo las dictaduras [izquierdistas] ya conocidas, la mayoría de los poderes judiciales de América Latina vienen desarrollando una labor de limpieza de la corrupción, sea esta de derecha o de izquierda”, adujo el diplomático y abogado Enrique Castillo, excanciller y exembajador de Costa Rica en Reino Unido, Francia y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“No es válido criticar decisiones judiciales desde atalayas ideológicas del extranjero, ni de derecha ni de izquierda”, aseveró.
