Entre 2017 y 2020 se han detectado intentos de injerencia en nueve universidades autónomas estatales, además de la UNAM, por parte de los congresos o de los gobiernos locales. Las acciones han buscado modificar las leyes orgánicas de las instituciones sin consultar a sus propias comunidades, por ejemplo, para cambiar los mecanismos para elegir a sus autoridades, como el rector y los directores.
También se ha buscado establecer órganos de control interno que respondan a los congresos locales para fiscalizar a los centros educativos, a pesar de que estos presentan sus informes anuales de transparencia sobre el uso de los recursos públicos ante la Cámara de Diputados.
En cinco casos, las iniciativas han estado respaldadas o fueron presentadas por Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de las universidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Nayarit, Sinaloa y Veracruz.
El caso más reciente fue el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): en una iniciativa que se agendó para su discusión el pasado 18 de febrero, el diputado morenista Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca propuso “democratizar” el gobierno de la institución a través de reformas a su ley orgánica.
Especialistas y rectores consideraron que sí existe un riesgo, además de intentos de congresos estatales y gobiernos locales de vulnerar la autonomía de las universidades bajo argumentos relacionados con la necesidad de mejorar su funcionamiento.
Luego de que el Legislativo estatal aprobó reformas a la ley orgánica de la UAN para interferir en el método de elección del rector y en la administración de sus finanzas, lamentó que la única opción que ha planteado el congreso es que la universidad interponga un amparo en contra de estas reformas.
“Existe la percepción de que no son hechos aislados y esa es nuestra gran preocupación: que se pudiera estar atentando contra la autonomía de las instituciones. Piensan que queremos mantenerla para no rendir cuentas, pero no está peleada una cosa con la otra.
“Sería importante que el Gobierno Federal tenga una postura muy clara en este tema para quitarnos las dudas de si hay una estrategia para disminuir la autonomía de las casas de estudios”, explicó.
