A siete años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el Partido del Trabajo (PT) se comprometió a redoblar esfuerzos para conocer la verdad, esclarecer los hechos y hacer justicia.
A través de un comunicado, el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, señaló que la tragedia de Ayotzinapa “es una herida abierta que ha lastimado profundamente a toda la sociedad mexicana”.
El legislador señaló que lo ocurrido en Ayotzinapa es un ejemplo claro de la corrupción e impunidad que se vivió en el gobierno neoliberal, que aunado a las deficientes investigaciones y la falta de voluntad, originaron la mal llamada “verdad histórica”.
A siete años, sólo tres jóvenes han sido identificados plenamente de entre los pocos indicios hallados en las inmediaciones del basurero de Cocula.
Alexander, Christian y Jhosivani
El primero en ser identificado fue Alexander Mora, cuyos restos se hallaron en octubre de 2014 en el río San Juan, junto al basurero de Cocula.
Alexander fue identificado por una muela y un pedazo de hueso encontrados en río de Cocula.
Con este hallazgo se trató de fundamentar la llamada “versión histórica” de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio.
El Equipo Argentino de Antropología Forense avaló la identidad de Alexander, pero no el lugar en donde fueron encontrados los restos.
Apenas en 2020, los restos óseos de un segundo normalista, Christian Rodríguez, fueron identificados por la Universidad de Innsbruck.
Por último, el laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, confirmó la identidad del tercer normalista, Jhosivani Guerrero, en septiembre de 2021.
Los restos de Christian y Jhosivani fueron encontrados en un lugar diferente al basurero y al río de Cocula, la barranca de La Carnicería.
En “verdad histórica” se torturó y se manipuló evidencia
Debido a la inconformidad de las familias sobre la llamada “verdad histórica”, el gobierno solicitó la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para crear el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que investigó el paradero de los normalistas.
Sin embargo, el GIEI, conformado por expertos en derechos humanos, denunció que las autoridades no les daban acceso completo a las investigaciones, lugares y testigos del caso Ayotzinapa.
A siete años de la desaparición de los normalistas, la exigencia de justicia de los familiares sólo crece, pues además de que rechazan la llamada “versión histórica”, aseguran que el Ejército está involucrado en la desaparición de los jóvenes.
