La crisis de refugiados que estalló en 2014, y continúa hasta hoy, ha marcado profundamente a la Unión Europea (UE) y cambiado las esferas sociales de muchos países, además de exponer problemas latentes en la política migratoria comunitaria.
En 2015, cuando la oleada migratoria alcanzó su pico, la UE recibió más de 1.2 millones de pedidos de asilo, la mayoría de ciudadanos sirios, afganos o iraquíes.
Imágenes de familias enteras desplazándose a duras penas a través del mar, campos y carreteras marcaron las portadas de los diarios de todo el mundo. El movimiento fue calificado como la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial.
Llegadas al territorio europeo, principalmente por las islas griegas del Mar Egeo, esas personas pudieron cruzar toda Europa central, pese a las reglas europeas de asilo que determinan que un candidato debe presentar su petición y aguardar una decisión en el primer país europeo donde pone los pies.
Ello ha generado conflictos y intercambios de acusaciones entre países con maneras diferentes de tratar la situación.
De un lado, Alemania decidió inicialmente abrir sus puertas y presionó la UE a adoptar un plan de reubicación de refugiados destinado a aliviar la presión sobre Grecia, pero fue incapaz de inmiscuir del todo a muchos otros países.
“El fracaso absoluto de los líderes europeos para reubicar a los refugiados es fruto del incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por los países de la UE y muestra una preocupante falta de solidaridad, tanto entre los Estados miembros como hacia los refugiados”, critica John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional-Europa.
A la vez, Hungría y Austria, principales países de paso de la oleada migratoria, abogaban por el restablecimiento de los controles fronterizos.
En el auge del flujo, el gobierno conservador húngaro bloqueó la circulación de trenes hacia Austria, adoptó una nueva ley migratoria que criminaliza a los migrantes clandestinos y erigió vallas en sus fronteras para impedir nuevos ingresos.
Las medidas provocaron una reacción en cadena en los países vecinos, que resultó en el cierre de la llamada “ruta balcánica”.
Impedidos de continuar viaje hacia el norte, más de 57 mil migrantes se quedaron atrapados Grecia, donde un sistema de acogida saturado no alcanza a ofrecerles dignidad.
Los atentados en París del 13 de noviembre de 2015 y la revelación de que al menos dos de sus autores pudieron llegar hasta la ciudad haciéndose pasar por refugiados sirios, ayudarían a conciliar las posiciones europeas en torno de la necesidad de endurecer el control de las fronteras.
En marzo de 2016, con controles fronterizos en vigor en siete países del espacio Schengen, los líderes europeos firmaron un acuerdo con Turquía para que reciba de regreso a todos los clandestinos detenidos en Grecia a partir de esa fecha que no tengan derecho a protección internacional.
