La Secretaría de Comunicación Institucional del PRI aclaró que los trámites para adquirir las concesiones de taxi que realizó su dirigente, Enrique Ochoa Reza en Nuevo León, se llevaron a cabo entre particulares, con estricto apego a la ley, entre octubre de 2006 y febrero de 2007, lo que es anterior a su vida pública.
Acusó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, de haber iniciado una serie de ataques patológicos contra el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los cuales han resultado falsos y denotan su ignorancia y desconocimiento por las leyes del estado que supuestamente gobierna.
En una tarjeta informativa, apuntó que para la adquisición de dichas concesiones, en ese entonces la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable vigente no establecía ningún requisito de residencia como lo señala.
Dicho requisito se estableció posteriormente, mediante reforma legislativa publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 26 de noviembre de 2007.
“Los concesiones expedidas con anterioridad a dicha reforma, como es el caso de las que es titular Ochoa Reza, no se vieron afectadas por la reforma a la Ley, dado que no tiene efectos retroactivos. Así lo establece el Artículo Tercero Transitorio de la reforma legal, que a continuación se transcribe:
“Los títulos de concesión del servicio público de transporte en la modalidad de vehículos de alquiler otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán vigentes hasta que concluya el plazo fijado en los mismos o su renovación (…)”.
Aclaró que los documentos exhibidos prueban que se señaló un domicilio exclusivamente para efectos de oír y recibir notificaciones, como lo establecía el reglamento vigente en ese año, no para acreditar residencia en dicho estado.
