Como es bien conocido por la opinión pública, con base en datos oficiales referente a las tasas de carpetas de investigación, 2017 resultó el año más violento de la historia reciente del país, dado que su tasa de homicidio y robo a negocio superó la de los últimos 21 años.
Si se compara 2016 contra los datos de 2017, la tasa de homicidio doloso creció 22.08%, de homicidio culposo 5.86%, de extorsión 6.17%, de robo con violencia 34.13%, de robo de vehículo 14.37%, de robo a casa habitación 0.27%, de robo a negocio 27.76%, de robo a transeúnte 24%.
La forma en la que ha evolucionado la incidencia delictiva en el país pone en evidencia que la violencia ya no es monopolio de la delincuencia organizada, que el discurso que repetía que los homicidios “son ajustes de cuentas entre delincuentes”, ya no es vigente; que relativizar datos y estadísticas, achacando todo al negocio del narcotráfico ya no funciona, aun cuando la violencia desatada por la criminalidad organizada sigue causando terribles estragos. Debemos recordar que quienes cometen robos con violencia a transeúntes, negocios, casas o vehículos, son principalmente delincuentes comunes y estos delitos son los que más nos afectan como ciudadanos.
¿Será la incidencia delictiva, la inseguridad y violencia, un factor clave que influya en las elecciones de este año? ¡Muy probablemente! Si esclarecemos qué se entiende por “influir en las elecciones”.
Una persona en un contexto social violento puede dejar de salir a votar por temor a lo que le pueda suceder.
Es probable que muchas personas opten por votar por un candidato de oposición al actual gobierno federal o local como sanción ante la falta de resultados en materia de seguridad.
En un contexto de alta presencia de delincuencia organizada, un grupo criminal puede intentar que sea electo un candidato a modo, tanto por la compra de votos como mediante el sometimiento de voluntades a través del ejercicio de la violencia.
Las actuales condiciones del país requieren partir de reconocer cómo estamos, para de ahí poner en marcha acciones puntuales para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, al tiempo que se implementan políticas públicas específicas que reduzcan la violencia, que debiliten la capacidad de los grupos criminales, que promuevan el respeto de la ley y que fomenten la credibilidad en las instituciones.
Sin embargo, vemos lo contrario. Según declaraciones públicas, para el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida no hay focos rojos en materia de seguridad de cara al proceso electoral.