La diputada Noemí Berenice Luna Ayala del Partido Acción Nacional (PAN) propuso adicionar los artículos 10 Ter y 83 Bis de la Ley General de Salud, para que las investigaciones por presunta negligencia médica se realicen con precisión técnica y justicia de contexto.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, plantea que la Secretaría de Salud (SSA), en coordinación con las autoridades competentes, promoverá la capacitación permanente de los agentes del Ministerio Público (MP) y personal judicial en materia de Derecho Sanitario, Bioética y Gestión de Riesgos Institucionales, a fin de asegurar que la valoración de la responsabilidad profesional se realice bajo criterios técnicos y de realidad operativa.
Precisa que en la determinación de la responsabilidad penal o profesional de quienes ejerzan las actividades médicas, se considerará como prueba la insuficiencia comprobable de recursos humanos o materiales en la unidad médica donde se haya realizado el acto, siempre que el profesional haya actuado con los medios disponibles a su alcance.
En su exposición de motivos, señala que la criminalización del acto médico ha fomentado el fenómeno de la “medicina defensiva”, donde el personal prioriza el blindaje legal del expediente sobre la eficiencia clínica, solicitando estudios excesivos o evitando procedimientos de alto riesgo por miedo a represalias penales.
Dicha práctica no solo encarece significativamente el costo del sistema de salud y satura los servicios, sino que deshumaniza la relación médico-paciente al convertir el cubículo de urgencias en un escenario de potencial litigio.
La diputada Luna Ayala asegura que una reforma que proteja al profesional ante fallas estructurales no es un privilegio gremial, sino una medida de eficiencia pública para garantizar una atención centrada en el paciente y no en el temor al Ministerio Público (MP).
