Un juez federal consideró que el Ejército, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; y la Fiscalía General del Estado (FGE) no han realizado las gestiones suficientes para cumplir con la localización, retiro y destrucción de las “narcominas” en la región de Tierra Caliente, que les ordenó en la suspensión provisional que dictó en el juicio de amparo de un grupo de jornaleros contra esta problemática.
Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, afirmó que de los informes justificados entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Ejecutivo de Michoacán y el fiscal estatal, para acatar la suspensión a que se les sujetó, se desprende que las acciones reportadas no acreditan que ya se concretó un plan institucional de acción para atender la situación.
“Dígaseles que dichas gestiones no son suficientes para cumplir con los efectos de la medida cautelar, ya que de ninguna manera acreditan que ya se concretó una coordinación institucional conjunta de dichas autoridades, ni mucho menos que ya emprendieron (con el debido cuidado y atención a los protocolos correspondientes, para garantizar también a dichos elementos comisionados el derecho a la vida y a la integridad personal), acciones concretas y eficaces para localizar, retirar, desactivar, neutralizar y destruir las minas que se encuentran instaladas en las comunidades de Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, así como en todas aquellas áreas o zonas de la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán”, determinó el juzgador.
Santamaría Chamú señaló que la FGE de Michoacán reportó la apertura de dos carpetas de investigación por este asunto, y refiere que ha realizado once peticiones formales a la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, pero no aportó ningún documento que corrobore su dicho.
Asimismo, ordenó a las Fiscalía General de la República (FGR) y a la FGE de Michoacán acreditar que ya iniciaron las carpetas de investigación correspondientes por la situación de los artefactos explosivos sembrados por el crimen organizado.