¿Podemos los mexicanos decidir quién nos vende el gas licuado de petróleo? El combustible que llega a casas, negocios o industrias a través de cilindros metálicos o se surte en pipas a tanques estacionarios es un producto indispensable para la vida de 76% de los hogares mexicanos, que lo utilizan sobre todo para labores cotidianas como la preparación de alimentos y calentar agua, entre sus principales usos domésticos.
De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), el resto del consumo se distribuye entre el sector de servicios, autotransporte, industrial, agropecuario y petrolero. La mayor competencia en este mercado parece reflejarse en el número de empresas que en él participan, y según la Comisión Federal de Competencia, es de 722 permisionarios. Ello debería traducirse en tener consumidores informados y empoderados para tomar la mejor decisión, basándose en los precios y en la calidad del servicio.
Sin embargo, en la práctica los usuarios son presas de una guerra entre empresas del sector y comisionistas, quienes pelean por cuadras, colonias y territorios para ser los únicos proveedores.
La mayor parte de la empresas del gremio operan plantas de distribución que entregan el gas LP por medio de vehículos de reparto o a través de autotanques a los clientes que cuentan con tanque estacionario.
Aproximadamente ocho de cada 10 vehículos usados para el transporte del combustible pertenecen a comisionistas, que son propietarios de esos camiones, y quienes obtienen una utilidad por cada cilindro que entregan.
Nuevos problemas
Por su importancia económica y social, en México el mercado de gas LP había estado sujeto a una franca intervención gubernamental que por años impidió el desarrollo de un mercado eficiente y que por lo mismo permitió el surgimiento de verdaderos cotos de poder gasero, que todavía hoy dominan y controlan grandes extensiones del territorio nacional.
A menor escala la guerra por el mercado, la casa de la esquina, del negocio e incluso de la tortillería se da con los llamados comisionistas, quienes con camiones propios distribuyen y no permiten que otras unidades de distintas marcas invadan su territorio, recurriendo además a la violencia física para ahuyentar a sus competidores.
En 2018 el huachicoleo de gas LP dejó pérdidas por más de 13 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas). El 80% de la actividad se concentró en la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el resto en el robo de pipas.
