En nuestra legislación penal y en nuestra política de seguridad (o lo que así llamamos) figuran algunas aberraciones. Son fruto del engaño y la incompetencia. Se iniciaron en 1996, con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se encaramó a la Constitución a través de la reforma de 2008. Cuando parimos aquella ley, la denominé el “bebé de Rosemary”. La película de este nombre relata el intento de dominar la Tierra con un engendro sembrado por el demonio en el vientre de una doncella. Y cuando se fraguaba la reforma constitucional de 2008 califiqué al proyecto como un vaso de agua potable en el que una mano artera depositó gotas de veneno.
Lo que quise decir es que aquella Ley infectaría nuestro sistema jurídico. Así ha ocurrido. La reforma de 2008 —plausible por muchos motivos, que reconozco— depositó en la Constitución errores que hoy regresan al escenario. Esto sucede en la víspera de decisiones judiciales de las que depende la corrección del rumbo o la persistencia de los desaciertos impropios de una sociedad democrática. Esas decisiones corresponden a la Suprema Corte, pero también se hallan sujetas a un Tribunal internacional creado por la voluntad soberana de muchos países, México entre ellos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La prisión preventiva oficiosa es un engendro que anidó en la Constitución en 2008 y creció en la reforma de 2019. Implica que una persona contra la que hay ciertos indicios de responsabilidad penal, pero no una sentencia, quede sometida automáticamente a prisión preventiva, en la que puede permanecer durante mucho tiempo mientras se prueba que hubo delito y que aquélla es responsable de haberlo cometido. En resumen, se priva de libertad a un presunto inocente sin que medie petición del Ministerio Público ni valoración de un juez. Desde luego, el asunto es más complejo, pero el espacio del que dispongo no me permite analizarlo con detalle. Lo he hecho en este diario y en otras publicaciones.
El lunes 5 de septiembre, la Suprema Corte examinará este punto, si no hay cambio en el calendario. Lo hará a partir de un excelente proyecto de sentencia que propone desechar la preventiva oficiosa en varios supuestos. No habría privaciones de libertad automáticas, sino razonadas, ponderadas. La prisión preventiva sólo se justifica cuando existe el riesgo de que el imputado eluda la acción de la justicia o entorpezca el proceso. Pero no en otros casos, como actualmente ocurre.
El Presidente de la República cuestionó el proyecto presentado a la Suprema Corte, y de paso ofendió una vez más a jueces y magistrados. Esto implica una intromisión flagrante y deplorable en el ámbito del Poder Judicial, cuyos integrantes han elevado la voz para reprobar el atropello. La presión presidencial fue secundada por algunos funcionarios del Ejecutivo. Uno de ellos agravó el problema mencionando posibles conflictos entre el orden jurídico nacional y el sistema internacional de derechos humanos. La mejor denuncia de la injerencia indebida consta en un cartón de Kemchs publicado el 26 de agosto en EL UNIVERSAL, que describe la actitud del mandatario y su designio con respecto al papel de los juzgadores.
Abrigo la discreta esperanza de que prospere el proyecto y naufrague la injerencia del Ejecutivo, que ha sido desmesurada e injustificada. Si sale adelante el proyecto de sentencia, la justicia y la razón habrán prevalecido. Será un punto en favor del Estado de Derecho. Si no… ¡La moneda está en el aire!