Este 9 de junio se cumplió 46 años de una reforma constitucional que muchas veces pasa inadvertida, pero que ocupa un lugar central en la vida educativa, académica y democrática del país.
Ese día, en 1980, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3º constitucional que reconoció la autonomía de universidades e instituciones de educación superior, junto con la libertad de cátedra, la libertad de investigación, el libre examen y la libre discusión de las ideas.
La fecha merece recordarse porque habla de una conquista jurídica y cultural, como resultado de casi dos décadas de lucha estudiantil universitaria.
Por eso, también conviene recuperar una reflexión de Claudio Bonvecchio cuando habla de la universidad, la cual suele imaginarse como un espacio puro y neutral.
Imagen incompleta, pues la universidad también ha sido atravesada por relaciones de poder, disputas ideológicas, burocracias, intereses económicos, jerarquías internas, mercados profesionales y proyectos de nación.
Las recientes manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, en vísperas del Mundial 2026, muestran una tensión propia de toda democracia.
La protesta expresa demandas y conflictos acumulados, y corresponde a la autoridad escuchar, responder y preservar condiciones de convivencia.
La posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que se respetarán los mecanismos de expresión y que el diálogo seguirá siendo la vía de atención, coloca el asunto en un terreno político relevante.
Gobernar implica decidir, pero también escuchar, ordenar, comprender, conducir y reconocer que los conflictos públicos suelen tener causas materiales, históricas y organizativas.
México será observado por el mundo durante las siguientes semanas, en el contexto del Mundial de Futbol, y esa observación no debe limitarse a la infraestructura, la seguridad o la logística. También se observará la capacidad para sostener libertades, atender conflictos y preservar la vida común.
