La Comisión Política Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el acuerdo con el que se militariza al país, expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es violatorio de la Constitución, de los tratados internacionales y de las resoluciones de instancias jurisdiccionales tanto nacionales como internacionales que México está obligado a cumplir.
Por ello, ante una amplia y abierta presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la Comisión Política del PAN convoca a las fuerzas políticas de oposición, legisladores, organizaciones civiles, dirigentes sociales, académicos, estudiantes, sindicatos, trabajadores y a la sociedad en general, a rechazar el acuerdo del gobierno lopezobradorista de militarizar la seguridad pública.
El presidente de este órgano partidista, Santiago Creel, informó que se buscará por todos los medios de carácter constitucional invalidar el Acuerdo de militarización, para que el presidente de la República cumpla en mantener las funciones ordinarias del servicio público de policía en un ámbito estrictamente civil y no militar, como ocurre en todas las democracias modernas en el mundo.
“Es notable la incongruencia del actual gobierno, particularmente en su crítica y rechazo que hizo en contra de los gobiernos pasados sobre el uso de las Fuerzas Armadas y la militarización del país. No solamente contradice sus antiguas posiciones políticas, sino que además, con este Acuerdo, incurre en riesgo mucho mayor de violentar los derechos de los mexicanos que el que se tuvo en el pasado”, explica el pronunciamiento panista.
A la par, el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, indicó que se solicitará la comparecencia de los titulares de las dependencias involucradas para que rindan cuentas en materia de seguridad y justicia, porque es evidente el fracaso de la estrategia del Gobierno Federal y de la Guardia Nacional.
De igual modo, explican los panistas, se pedirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que se pronuncie sobre este decreto y recurrirá a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, para que también emitan sus observaciones.
“La postura del PAN y sus legisladores federales fue de aprobar reformas para la Guardia Nacional, bajo la premisa de que la seguridad pública quedaría al mando de autoridades civiles, sin dejar de hacer un reconocimiento al enorme esfuerzo, tarea, sacrificio y dedicación de nuestras Fuerzas Armadas, que trabajan en apoyo del pueblo de México pero que sin duda tienen otras tareas”, expresó el dirigente nacional.
