El grupo parlamentario del PRI en el Senado presentará una iniciativa de ley federal para la Protección de la Libertad de Expresión frente al uso Arbitrario del Poder Público.
El propósito es evitar que cualquier autoridad federal, independientemente de su orientación política, utilice facultades públicas, recursos institucionales o mecanismos administrativos como instrumentos de intimidación, represalia o inhibición del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Protección
La iniciativa de ley, que será presentada ante la Comisión Permanente, prevé establecer un marco normativo preventivo, cautelar y de coordinación institucional que permita fortalecer la protección de la libertad de expresión sin interferir con las facultades constitucionales de investigación, fiscalización o persecución de delitos.
La propuesta establece que en una democracia constitucional ningún gobierno, independientemente de su origen partidista o legitimidad electoral, puede ni debe utilizar recursos institucionales o facultades públicas para inhibir el escrutinio ciudadano, desalentar la crítica pública o colocarse por encima del debate democrático.
Además, busca fortalecer la confianza pública en las instituciones democráticas mediante reglas transparentes y límites explícitos al ejercicio del poder.
Rendición de cuentas
“La crítica pública, la investigación periodística y el debate abierto no debilitan al Estado; por el contrario, fortalecen la legitimidad democrática, mejoran la rendición de cuentas y permiten corregir abusos antes de que se conviertan en fenómenos estructurales”, subraya el documento.
La propuesta priista “parte de una premisa fundamental para toda democracia constitucional: la libertad de expresión no solo constituye un derecho individual, sino una condición indispensable para la existencia misma del sistema democrático, la rendición de cuentas, el control ciudadano del poder y la vigencia efectiva de los derechos humanos en nuestro país”.
Los senadores del tricolor informaron que la iniciativa no pretende limitar el debate político ni restringir el derecho de réplica de las autoridades y, por el contrario, reconoce plenamente que los servidores públicos tienen derecho a participar en el debate público y responder a cuestionamientos.
