Washington * AP. El gobierno del presidente George W. Bush le está pidiendo a Texas y otros estados que realicen nuevas audiencias para 51 mexicanos condenados a muerte que sostienen que se les negó la ayuda legal de sus consulados, transgrediendo las leyes internacionales.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya falló en el 2004 que las condenas violaban la Convención de Viena de 1963, al no permitirle a los mexicanos acceso a sus consulados.
En 1969 el Senado ratificó ese tratado, que requiere ese acceso para los norteamericanos detenidos en otros países y para los extranjeros arrestados en Estados Unidos.
La presentación realizada ante la Corte Suprema es un intento del gobierno de frenar las críticas internacionales y se produce un mes antes de que los magistrados se aboquen al caso de José Medellín, condenado a muerte en Texas y que está desafiando su sentencia.
La apelación de Medellín condenado a muerte en ese país, ha sido respaldada por decenas de países, grupos legales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, al igual que ex diplomáticos estadounidenses y la Unión Europea.
