Los aspirantes a Magistrado de la Sala Superior de Justicia Administrativa expusieron ante legisladores locales la necesidad de contar con sistemas innovadores que frenen actos de corrupción en la impartición de justicia.
Consideraron la importancia de establecer sistemas anticorrupción innovadores apoyados por reformas legislativas que son urgentes, como es terminar con la afirmativa ficta, que afecta el derecho urbano y ecológico, principalmente, en perjuicio de la sociedad.
Además de separar la Sala Superior de Justicia Administrativa del edificio que ocupa actualmente el Tribunal de lo Administrativo, con un presupuesto específico y suficiente, para alejarla de donde se han realizado prácticas irregulares, así como privilegiar la carrera judicial que permitan una visión distinta para impartir la justicia.
Lo anterior es parte de las propuestas que hicieron los aspirantes al cargo de Magistrado de la Sala Superior de Justicia Administrativa, que se presentaron ante la Comisión de Justicia, que preside la diputada Mónica Almeida López.
Almeida López hizo la apertura de los trabajos, acompañada del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado y vocal de la misma, diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, y del presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, Jorge Alberto Alatorre Flores.
Durante la jornada de preguntas y respuestas a los 49 candidatos a ocupar dicho cargo, por un término de cinco años, legisladores de las fracciones parlamentarias escucharon los planteamientos de los aspirantes e hicieron constantes cuestionamientos.
El propósito fue conocer sus perfiles profesionales, algunos de los cuales demostraron tener amplia capacidad y experiencia, y varios reconocieron el esfuerzo que se hace a nivel nacional y en Jalisco en particular, para implantar el Sistema Anticorrupción que es urgente y necesario.
Otras de las propuestas se refiere a trabajar en una reglamentación interna, realizar juicios orales en línea, grupos de trabajo comprometidos con la ética y profesionalismo, transparentar los trabajos de jueces, magistrados y Congreso.
