La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inhabilitó por 20 años a Frida Martínez, exsecretaria general de la extinta Policía Federal (PF); e inhabilitó por 15 años a Damián Canales, extitular de la División de Inteligencia de la PF; y a quienes impuso indemnizaciones económicas por más de 65 millones de dólares.
Tras investigaciones se encontró que en la entonces Policía Federal, Frida Martínez y Damián Canales desviaron el pago de más de 65 mdd destinado a cubrir obligaciones derivadas de un contrato, firmado en diciembre de 2015, para la prestación de servicios celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.
Indicó que las investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por estas dos personas servidoras públicas de la extinta Policía Federal.
