Miles de personas, en su mayoría mujeres, protestaron ante el Ministerio de Justicia de España contra la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra (norte del país) que dictó libertad provisional a los miembros del grupo conocido como “La Manada”, convictos por abuso sexual.
La concentración, organizada por el Movimiento Feminista de Madrid y que contó con el apoyo de organizaciones sociales y sindicales bajo el lema “No es abuso, es violación”, reunió a miles de personas para reclamar un castigo para los delitos sexuales.
La Audiencia Provincial de Navarra decretó la víspera, la libertad provisional del grupo de cinco acusados de abuso sexual, al descartar riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
La Sección Segunda del tribunal emitió la medida, según la cual, los miembros de “La Manada” podrán pagar una fianza de seis mil euros (casi siete mil dólares) para salir de la prisión donde permanecen desde julio de 2016, cuando fueron acusados de violación durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona, la capital navarra.
En abril pasado, la Audiencia les condenó a nueve años de prisión a cada uno por abuso sexual con prevalimento (que se aprovecharon de su superioridad para coartar la libertad de la víctima), pero les absolvió del cargo agresión sexual, lo que generó protestas de grupos feministas.
Ante la sede del Ministerio de Justicia, los manifestantes corearon numerosas consignas en las que acusaron al sistema de justicia de patriarcal y machista, así como de desproteger a la mujer ante las agresiones sexuales.
Otras protestas tuvieron lugar en ciudades españolas como Zaragoza, Sevilla, Granada, Gijón y en Pamplona, en esta última, miles de personas salieron a la calle por segundo día consecutivo para exigir que las violaciones no queden sin castigo.
Ante las manifestaciones, el gobierno español reconoció que la resolución le tomó por sorpresa, debido a que por lo general una sentencia condenatoria “siempre es peligrosa en el sentido de que se proclive a la fuga”.
“Ha sorprendido a este gobierno el auto de libertad. La regla general es mantener en prisión provisional, sobre todo con una sentencia de nueve años”, concluyó la ministra portavoz del gobierno Isabel Celaá.
