México superó recientemente la cifra de cien mil personas desaparecidas desde 1964 y se estima que desaparecen 28 personas al día.
Por ello la diputada federal priista, Paloma Sánchez Ramos, presentó una iniciativa para establecer un ingreso mensual para las víctimas y para familiares de desparecidos, y que se destinen los recursos presupuestales necesarios para salvaguardar la integridad familiar y sus necesidades materiales
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, indica que la Federación, entidades federativas y municipios, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo.
Expone que a la par de las desapariciones diarias, hay al menos 50 mil cuerpos sin identificar, por lo que la crisis forense a la que se enfrenta México no tiene precedentes. Solo para cumplir con lo dispuesto en la ley, el país tardará 120 años, lo que no dará respuesta a las víctimas ni a sus familias.
Refiere que a pesar de los esfuerzos que la legislación ha buscado para garantizar a las víctimas de desaparición la memoria y justicia que les corresponden, a la fecha todavía no existe un Plan Nacional de Búsqueda y el trabajo de las comisiones locales de búsqueda se ve entorpecido por falta de recursos y apoyos desde el Gobierno Federal.
La diputada del PRI relata que han sido las familias quienes han formado más de 60 colectivos en todo el país y realizan búsquedas por cuenta propia, aunque en la práctica muchos otros operan sin un reconocimiento específico.
