En México, los estragos causados por la enfermedad evidenciaron las carencias históricas del sistema de salud, que se vieron agravadas por las decisiones arbitrarias del Ejecutivo al desaparecer el Seguro Popular y reemplazarlo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Esta decisión en plena pandemia, dejó sin acceso a servicios de salud, a 20 millones de mexicanos, alimentando con ello la peor crisis de salud de la historia moderna de nuestro país.
En su momento, el Seguro Popular estableció las bases legales para garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad, a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación para casi 55 millones de afiliados; que no contaban con servicios médicos públicos como el IMSS o ISSSTE.
Con su desaparición, la carencia de cobertura de servicios públicos de salud pasó de 16.7% en 2015 a 21.5% en 2020.
Los afiliados contaban con una atención que se delineaba de acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), el cual contemplaba 284 intervenciones, agrupadas en 5 conglomerados: prevención y promoción en salud, medicina general y de especialidad, urgencias, cirugía general y obstetricia.
Otorgaba el acceso a servicios médicos de alta especialidad en enfermedades de alto costo que ponían en riesgo la vida y el patrimonio familiar, mediante el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual desapareció generando una caída de 26.9% en los recursos destinados a la salud.
Todos los tratamientos contra el cáncer, las cirugías de trasplantes, cardiovasculares, hemodiálisis y radioterapias, eran gratis. Por su parte, el Insabi no plantea gratuidad en padecimientos raros o complejos; solo atiende el 1er. y 2do. nivel (partos y cirugías sencillas). Son además confusos los criterios de elegibilidad y afiliación al Insabi y no se planteó ni se dio un esquema de transición ordenado.
La escasez de medicamentos e insumos para la salud ha sido la constante bajo el nuevo modelo. Desde los de atención al VIH/SIDA a los padecimientos oncológicos, es evidente la falla de planeación, programación y adquisición; fallas incluso finalmente aceptadas y reconocidas por el titular del ejecutivo.
En las campañas electorales federales pasadas, una de las principales demandas de la ciudadanía fue la necesidad del regreso del Seguro Popular. Se sabe que el problema de salud pública del país no lo resuelve únicamente su regreso, por lo que podría impulsarse otros temas de suma importancia a partir de tres ejes: cobertura, abasto y personal de salud.
En cuanto a cobertura, defender a quienes deseen vacunar a sus hijos adolescentes.
En abasto, insistir en que el Gobierno garantice los medicamentos, incluso las quimioterapias que siguen sin brindárseles a miles de niños con cáncer.
Y finalmente, para honrar y proteger al personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla, proponer para ellos un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores.
