"Ciudad de México * El Universal. El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos, afirmó que con la nueva ley anticorrupción se le pusieron dientes a su dependencia, que le ha permitido detectar y sancionar a más de 50 mil personas, entre funcionarios y ejecutivos de empresas, en actos ilícitos.
Al participar en una reunión con integrantes de los despachos de abogados Santamarina y Steta, el funcionario refirió que una prioridad en el gobierno del presidente Felipe Calderón, fue combatir la corrupción.
En este marco dijo que datos de Transparencia Internacional, revelaron que a México le costaba entre 10 y 25 por ciento, y en ocasiones hasta 50 por ciento del total de los recursos de contratación pública para compras y adquisiciones de bienes y servicios. Sostuvo que tras la publicación de la ley, el pasado 11 de junio, se adicionaron instrumentos importantes que han permitido avanzar en forma significativa en el combate de este flagelo.
Citó como ejemplo que se incorporó la Contraloría Social, facilitando la participación de los ciudadanos en los procesos de observación e investigación de casos al abrir al gobierno a quejas y denuncias. Incluso, expuso, 34 por ciento de las denuncias que han investigado la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de las dependencias, provienen de quejas de ciudadanos.
Morgan Ríos agregó que se crearon para tales efectos dos nuevas figuras: el testigo social y los usuarios simulados, los cuales han sido muy exitosos porque se han detectado a los involucrados en actos de corrupción, tanto servidores públicos como empresarios, con ""las manos en la masa"".
Agregó que en la nueva ley anticorrupción se hizo una verdadera ""tala regulatoria"", eliminado 16 mil de las 35 mil normas que existían en materia de procedimientos, 70 por ciento de los cuales eran reglas internas de las dependencias del Gobierno federal.
El titular de la SFP agregó que se incrementaron también los montos de las sanciones a dos y medio millones de salarios mínimos en promedio, y la inhabilitación hasta por 10 años a funcionarios y empresas proveedoras del gobierno.
Respecto a las sanciones que la SFP ha aplicado, Morgan Ríos refirió que de las 50 mil 829 personas detectadas en actos de corrupción, 42 mil 844 son servidores públicos, 608 de alto nivel, y nueve mil 528 fueron sancionados severamente.
El titular de la SFP admitió que aún hace falta avanzar más en materia de combate a la corrupción en México, pero insistió en que el gobierno de Felipe Calderón dio un paso gigante con la nueva ley.
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