“Un informante de la sociedad civil refirió que en el ejido Raymundo Enríquez en Tapachula, una persona del sexo femenino, de quien no se tenían datos estuviera en estado de gestación, llegó a su domicilio con un bebé en brazos”, detalló el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Juan Carlos Alfaro Cruz, quien dio los pormenores del operativo interinstitucional que culminó en la localización de recién nacido sustraído.
El cual fue sustraído del área de ginecología del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de Tapachula. El reporte al Escudo Urbano del C5 del menor, nacido el 18 de abril, dio inicio a la Carpeta de Investigación 0281-089-019-2022, activándose el mecanismo de búsqueda de Alerta Amber por la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, llevándose a cabo difusión y protocolos de búsqueda.
Al cumplirse alrededor de cinco horas del operativo de búsqueda y trabajos de investigación de campo, los elementos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa obtuvieron datos del informante.
“Por tanto, se procedió a realizar los actos de investigación correspondientes y se localizó en un domicilio particular en el ejido al menor de edad con las características y señas particulares que fueron proporcionadas por los familiares; en el lugar fue detenida Jenni Fernanda ‘N’, de 29 años, originaria de Tapachula, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica en el término de 48 horas”, se detalló.
En lo que respecta al menor de edad, sano y salvo fue entregado a sus padres, realizándose las diligencias correspondientes, “no sólo se le localizó, se le salvó la vida a un menor que tenía menos de 24 horas de haber nacido”, declaró el fiscal en conferencia de prensa.
El funcionario detalló que en el proceso de obtención de información para conocer la identidad de la presunta responsable, se analizaron las videograbaciones del sistema de circuito cerrado del hospital del IMSS y los datos legales del taxi que abordó para huir la hoy imputada.
Sobre la participación del taxista, dijo que hasta el momento saben que únicamente fue abordado para realizar el servicio de traslado de la persona y sobre la filtración de una credencial de elector, aclaró que esta no corresponde a la actual detenida.
Sustentó que por mandato e imperativo del XXI constitucional, como autoridad investigadora tiene la función de perseguir el delito, y refirió que “estamos en la fase de análisis y de recabar de los actos de investigación; esto nos arrojarán datos de prueba para poder aportarlos al órgano jurisdiccional, quienes van a definir cuál sería el delito”.
Por tanto, el uso de uniformes falsos y la participación de más personas para la sustracción dentro de las instalaciones, está en proceso de análisis.
El fiscal argumentó que de acuerdo a la Ley General de Personas Desaparecidas, las penas podrían ir del 20 a 45 años y de acuerdo al Código Penal, la conducta de sustracción tiene una penalidad de cinco a 15 años.
Sobre el operativo detalló que los agentes de la Policía Especializada de las diversas comandancias de la FGE, en coordinación con elementos de la Policía Estatal Preventiva.
