Superdelegado, en la mira

El superdelegado de programas federales en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, ha de andar tronándose los dedos de los nervios, porque ahora sí parece que las cosas van en serio respecto de investigaciones de la Secretaría de la Función Pública en su contra por supuestas anomalías cometidas en su encargo.

Y es que la liebre saltó por donde menos se la esperaban. La secretaria de la Función Pública del gobierno federal Irma Eréndira Sandoval llegó a su comparecencia legislativa con la espada desenvainada e informó que hay doce investigaciones contra diez “superdelegados” por haber presuntamente incurrido en irregularidades en el proceso interno de Morena, llevado a cabo la semana pasada en todo el país.

Ellos están ocupando esos cargos en Aguascalientes, Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez; de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa; de Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos; de Colima, Indira Vizcaíno Silva; de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez; Puebla, Rodrigo Abdalá Dartigues; San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza; de Sinaloa, Jaime Montes Salas; de Sonora, Jorge Luis Taddei Bringas, y contra el exsuperdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, quien tuvo que al cargo hace varias semanas por las múltiples denuncias presentadas en su contra por supuestas anomalías en sus funciones.

Algunos diputados de Morena también acusaron al coordinador nacional de esos superdelegados, Gabriel García, pero la titular de la Función Pública dijo que contra él no hay investigaciones.

De acuerdo con las denuncias –cuyos detalles no han sido revelados todavía- se deja entrever que esos altos funcionarios, nombrados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, habrían usado programas sociales del gobierno federal para tratar de cargar la balanza en favor de uno de los aspirantes a dirigir Morena a nivel nacional.

Cabe recordar aquí que esas prácticas ya estaban prohibidas y eran sancionadas por las leyes respectivas en el sexenio pasado, pero sus sanciones no pasaban de la separación de sus cargos o inhabilitación, en su caso, contra aquel funcionario público que hubiese cometido una falta en ese sentido.

Sin embargo, el actual gobierno federal encabezado por AMLO promovió una reforma legal a efecto de que esas prácticas –con fines electorales- fueran consideradas delito grave. Es decir, quienes cometan ese delito tendrán que llevar sus procesos en prisión.

¿Qué sigue? Cualquiera de esos funcionarios del gobierno federal o todos juntos que sean encontrados responsables de haber usado dinero público con fines electorales –en este caso en el proceso interno del partido en el poder- tendrá que ser sancionado en forma administrativa o, en su caso, hasta con cárcel.

El presidente López Obrador va a reivindicarse si es que deja que Irma Eréndira investigue y sancione libremente y de acuerdo con la ley, a quienes hayan abusado de ese cargo público. 

El caso Chiapas

En esos bretes está metido el superdelegado en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos. Ese señor ya ha tenido otro tipo de quejas en fechas anteriores.

El 29 de marzo pasado, el periódico El Universal publicó que muchos alcaldes chiapanecos estaban quejándose porque Aguilar Castillejos ni siquiera les contestaba las llamadas telefónicas cuando deseaban realizar alguna gestión ante él.

Su nombre también fue mencionado en una investigación realizada en 2014 contra del alcalde Ixtapa, Ricardo Pérez, de cuyo ayuntamiento el ahora morenista era Tesorero, pero luego, la autoridad competente presuntamente se habría desistido de la indagación en su contra.

De hecho, muchas fuentes consultadas afirman que el único cargo público desempeñado por Aguilar Castillejos, antes de haber sido nombrado en el cargo que tiene ahora, fue el de Tesorero del ayuntamiento de Ixtapa.

Por eso, cuentan, carece de experiencia en el ámbito público.

Pero lo grave podría ser que él sea encontrado responsable de haber incidido o presionado a la gente para que se cargase la balanza en favor de alguno de los aspirantes a ser dirigente nacional de Morena.

Por lo pronto y tomando en cuenta todas las versiones publicadas con anterioridad y las denuncias que han estado llegando a los escritorios de los principales habitantes de palacio de gobierno en Chiapas, a Palacio Nacional y de las oficinas de la Función Pública allá en la Ciudad de México hacen pensar que José Antonio Aguilar Castillejos no está viviendo su mejor momento como primer superdelegado en Chiapas.

De boca en boca

Algo ha de andar mal en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, cuya titular es Gabriela Zepeda, porque los asaltos, callejeros, carreteros, grandes o pequeños, están a la orden del día. Ahí hay dos conceptos clave “seguridad y protección ciudadana” que no están cumpliéndose a cabalidad********El tema de las investigaciones contra diez superdelegados de programas federales llegó hasta la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Sin embargo, él expresó muecas de defensa de los denunciados. A pregunta expresa de un reportero, el presidente dijo que la titular de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval decidirá si ellos deban seguir en sus cargos o no y añadió que los periodistas deberían investigar otros casos, porque esos diez no son los únicos. Es decir, el mandatario nacional minimizó el caso******En la comparecencia de Eréndira Sandoval los diputados del PAN portaron máscaras de Manuel Bartlett y colocaron una manta en el centro de la tribuna de la cámara baja exigiendo a la titular de la Función Pública a que dé resultados de la investigación abierta contra el titular de la CFE. La diputada del PAN, Josefina Salazar, exigió sea explicado el por qué el titular de CFE tiene 25 casas con un valor mayor a los 800 millones de pesos que presuntamente el funcionario de la 4T no declaró como parte de su patrimonio.

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