Justicia por propia mano

Una turba enardecida volvió a hacerse justicia por propia mano en contra de un sujeto que presuntamente violó y mató a una niña de seis años. Los dos hechos sucedieron en el municipio chiapaneco de Cacahoatán, el de la niña el jueves y el del adulto el viernes de la reciente semana.

El problema es que habría que ver, y da escalofrío pensarlo, si el sujeto linchado e incinerado en un juicio sumario popular, era el verdadero responsable de la violación y posterior asesinato de la niña.

No es la primera ni la única vez que sucede una cosa así. La reflexión será siempre la misma, al menos en México: que los grupos sociales optan por hacerse justicia por propia mano porque no confían en la actuación de los policías ni de las autoridades procuradoras ni administradoras de justicia.

Por eso no permiten que los presuntos responsables de un delito sean llevados a los tribunales. No confían en los policías que detienen a los supuestos transgresores de la ley, no confían en la actuación de los fiscales del ministerio público quienes integran las carpetas de investigación que contienen las pruebas en contra de los presuntos delincuentes y tampoco tienen confianza en los jueces quienes juzgan y, en su caso, dictan sentencias condenatorias de los detenidos.

Huelga decir que la mayoría de las veces los presuntos transgresores de la ley, con un montón de pruebas acusatorias en su contra, son liberados por supuestas irregularidades en sus procesos judiciales, cuyo inicio es a partir de su detención, su puesta a disposición de un ministerio público y su juzgamiento por parte de un juez.

Por más que esas autoridades traten de justificar su actuación en la liberación de los detenidos, la percepción ciudadana es siempre la misma: que los ministerios públicos y los jueces manipulan las leyes y juzgan a su conveniencia.

Esa es la razón por la que las personas enardecidas y enojadas por algún suceso fatal, como el de la menor en Cacahoatán, ni un minuto se detienen a pensar si es correcto hacerse justicia por propia mano o si lo conveniente sería dejar al supuesto transgresor en manos de la policía.

Los gobiernos de la Cuarta Transformación tienen una ardua tarea frente a esos sucesos: recuperar la confianza ciudadana en las instituciones procuradoras y administradoras de justicia, así como en sus autoridades de carne y hueso.

Esa recuperación de justicia debería empezar con impedir esos linchamientos, sancionar de acuerdo con la ley a quienes los realizan y castigar con severidad a quienes resulten responsables de cualquier delito, por menor que sea.

Hay que empezar, ¡y hoy mismo señores!

 La CNTE y la 4T

El presidente, Andrés López Obrador, hizo lo que debió hacer desde un principio: les dijo a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que regresen a sus estados respectivos, que se sienten en una mesa de trabajo con autoridades educativas estatales y que busquen solución a sus peticiones locales.

Acudieron en esta ocasión, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.

Nada tenían que hacer allá en palacio nacional y menos con el presidente López Obrador quien tiene muchos otros temas por atender de mayor trascendencia nacional.

A los maestros de la CNTE se les concedió todo lo que querían en las reformas constitucionales hechas por la 4T, pero ahora quieren también seguir conservando privilegios para ejercer control sobre sus bases.

Ojalá y las autoridades estatales privilegien el derecho de la niñez a tener una educación de calidad, antes que ceder controles a los dirigentes de la CNTE.

Muchos maestros me han confesado, abiertamente y en corto, que ya no soportan a Pedro Gómez Bámaca, y que ya no saben qué hacer porque ese líder desea continuar con prácticas arcaicas y obsoletas de las protestas callejeras que afectan a terceros y que tantos saldos negativos han traído contra el magisterio en general.

Así que el gobierno estatal debería capitalizar a su favor el debilitamiento del liderazgo de Pedro Gómez para ejercer la rectoría de la educación que está en manos de las instituciones, y obligarlos a que se pongan a trabajar sin condicionamientos.

Muchos maestros e intendentes de nuevo ingreso están cobrando sin trabajar, porque los seguidores de ese líder no les permiten entrar a las escuelas a las que han sido designados. Y como ellos no tienen la culpa, el gobierno tiene que pagarles sin trabajar.

 Brito y la política interna

Pian pianito, con mucha discreción y sin estridencias, el secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, ha estado trabajando en favor de la gobernabilidad de Chiapas.

El responsable de la política interna del estado se reunió con integrantes de la Organización Social de Apoyo (OSA), quienes realizan acciones de gestoría en diferentes rubros y tienen presencia en Ocozocoautla, Comitán, San Fernando, Ocosingo, La Concordia, Maravilla Tenejapa, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, entre otros. También estuvo con integrantes de la sección 13 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS), en la capital chiapaneca a quienes les dijo que la intención del gobierno estatal es de unidad para garantizar los derechos laborales de todos.

Estuvo con autoridades tradicionales de los barrios de San Juan, San Pedro y San Sebastián del municipio de Chamula, a quienes pidió privilegiar el diálogo y actuar de forma honrada, con base en sus usos y costumbres, para no dar paso a hechos de violencia ni a la corrupción. Y, finalmente, sostuvo un encuentro con la mesa directiva del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, que preside Wenceslao Camacho Pimienta, con el fin de intercambiar ideas, inquietudes y los planes que tiene el notariado en materia de capacitación y profesionalización de sus servicios. 

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