Gobernador Duarte, intolerante, corrupto y represor
Javier Duarte de Ochoa, gobernador priísta de Veracruz, tiene muchos asegunes que lo ubican, al igual que su antecesor y jefe, Fidel Herrera Beltrán, como un mandatario omnímodo, sumido en la intolerancia, corrupción y la represión, que lo mantienen en niveles de impunidad total, que ya deberían preocupar al Gobierno de la República.
Desde que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2010, actúa como todo un virrey que no acepta ningún tipo de crítica de organizaciones de la sociedad civil y menos aún de los periodistas, cuando ésta refiera la posibilidad de mantener nexos con el crimen organizado, dominado por el cártel de “zetas” o por los arbitrarios dispendios de los recursos públicos que hace su gobierno.
Tal vez por ello, en su afán de “lavarse las manos”, ha encaminado su discurso a tratar de involucrar a los comunicadores veracruzanos, a quienes en los finales de junio pasado, sin decir nombres y generalizando, los acusaría de tener nexos con la delincuencia, advirtiéndoles que tales vínculos podrían derivar en represalias hacia ellos.
Evidenciando su pleno conocimiento de quién es quién en cuanto a los capos que operan en el territorio veracruzano, diría a los colegas de aquella entidad: “Todos sabemos quiénes de alguna u otra manera tienen una vinculación con estos grupos. Que nos hagamos como que la Virgen nos habla es otra historia, pero todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa. Pórtense bien, por favor, se los pido”.
Y el remate, como amenaza: “Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Yo espero, verdaderamente se los digo de corazón, que ningún colaborador, ningún trabajador de los medios se vea afectado por esta situación, y solamente se van a ver afectados quienes de alguna u otra manera tienen vínculos con estos grupos criminales. No hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”.
Lo único cierto, es que desde el inicio de la Administración de Duarte de Ochoa, que concluirá el 1 de diciembre de 2016, es del conocimiento pleno de todos los habitantes del estado, que el gobernador cobijó los malos manejos de su antecesor Fidel Herrera Beltrán, creando un clima de terror hacia los periodistas de Veracruz, que en los últimos cuatro años ocho meses, han sufrido 42 agresiones, las cuales se denunciaron oportunamente ante la autoridad judicial correspondiente, sin que a la fecha se hayan esclarecido.
Lo más grave de todo, es que en ese mismo período, fueron asesinados 15 comunicadores, identificados como críticos de su gestión. Hasta ahora no han sido aclarados los crímenes, predominando una cínica impunidad, en la que la Procuraduría de Justicia del estado de Veracruz, se ha mantenido indiferente por instrucciones del político de 41 años.
Hasta ahora, uno de los casos más sobresalientes fue el de la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, masacrada a balazos en su casa de Xalapa, en 2012, lo cual provocó que por lo menos 23 reporteros de la entidad huyeran a otros estados, por temor de correr la misma suerte, ante la complicidad del gobierno estatal. Se sabría que la periodista investigaba los presuntos nexos entre las mafias del narcotráfico con prominentes funcionarios y miembros de la política estatal.
Es aquí, donde surge una de tantas interrogantes en cuanto al conocimiento que tiene Javier Duarte de Ochoa, sobre los cabecillas de las mafias que desarrollan actividad, bajo su manto protector, cuando hace un mes y días, de manera amenazante subrayó a los periodistas veracruzanos que se portaran bien, “porque todos sabemos quiénes andan en malos pasos”.
Acusaría al periodismo veracruzano, sin aportar pruebas: “La delincuencia tiene nexos, tiene puentes. Lamentablemente, algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos y también están expuestos a esta situación”.
Lo obvio, insistimos, es que si este gobernador tiene conocimiento de esos vínculos, ¿por qué no reveló quiénes son los que corrompen a los periodistas? Con tal afirmación, según él, se ha deslindado de cualquier situación que atente contra la integridad de los reporteros y columnistas, al prejuiciar que si algo malo les ocurre será por sus relaciones con el crimen organizado.
Forma por demás burda y poco inteligente del político neo priísta, que ha hecho posible, escudado en su verdad, que en Veracruz exista un clima de terror y persecución a los periodistas, que ha derivado en el autoexilio, como ocurrió con el corresponsal de las revistas Proceso y Cuarto Oscuro, de la ciudad de México, Rubén Espinosa, de 31 años de edad.
Cansado de las advertencias de que sería objeto de un atentado, quien hacía la doble tarea de reportero y fotógrafo, decidió cambiar su domicilio a la capital del país, con la idea de que ahí estaría seguro de las persecuciones y amenazas de las que era objeto por el gobierno de Duarte de Ochoa.
Sin embargo, solamente unas cuantas semanas le duraría esa tranquilidad, pues el viernes 31 de julio, sería asesinado en el interior de un departamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, junto con otras cuatro mujeres, entre ellas la chiapaneca Nadia Vera Pérez, originaria de Comitán, una joven inquieta que participaba activamente a favor de las mejores causas estudiantiles de la comunidad universitaria, a la que pertenecía en Xalapa.
Qué mejor forma de disfrazar los cinco crímenes, que la de realizarlos en principio con el “tiro de gracia” en la cabeza – a él lo dispararon dos balazos más en el pecho-, al estilo de ajustes de cuentas entre narcotraficantes, aunado al salvajismo al violarlas con saña, utilizando instrumentos metálicos.
Y por si hiciera falta para el despiste, la hipótesis del robo, como principal causa de los crímenes, que tenían como objetivo principal la vida del fotoperiodista Rubén Espinosa, reconocido por los medios para los que trabajaba, como todo un profesional muy serio y responsable.
Inmediatamente después de los atentados, todas las sospechas acerca del origen de su intelectualidad, se dirigieron a la oficina principal del Palacio de Gobierno estatal, en Xalapa, donde su inquilino Javier Duarte de Ochoa, alzaría la voz para condenar el asesinato de Espinosa, calificándolo de “aberrante”, al tiempo que manifestó su confianza en que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, los esclarezca lo más pronto posible.
Una declaración por demás fuera de lugar, pues este gobernador carece de autoridad moral para hacer ese tipo de comentarios, al no ser capaz hasta ahora, de resolver los 15 asesinatos ocurridos durante su gestión y poner un alto a la escalada de violencia imperante contra el ejercicio de la libertad de expresión en Veracruz.
Un gobernante tan cínico que se atreve a asegurar que la situación de inseguridad en el estado y los riesgos que enfrentan los comunicadores, “son problemas menores” en comparación de lo ocurrido en el mandato de Fidel Herrera Beltrán, olvidándose que él también participó en esa Administración y por lo mismo fue corresponsable.
Rubén Espinosa no era un desconocido para el mandatario, pues en 2009 fue contratado por Javier Duarte, para tomarle fotos durante su campaña proselitista, como aspirante del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura.
Como parte del equipo cercano del entonces abanderado del PRI, el comunicador se enteraría de situaciones seguramente muy confidenciales del político, que por aquellos días tenía 35 años.
De ahí tal vez el origen de la persecución de que sería objeto por agentes del gobierno, en los últimos meses, pues se supone que pertenecía al grupo de confianza de Duarte de Ochoa, que al parecer perdió al identificarse con los movimientos sociales en contra, que se han desarrollado en los años del actual gobierno.
Una foto del gobernador publicada en la portada de febrero último, del semanario Proceso, en la que aparece de perfil, mostrando una imagen grotesca dada su obesidad extrema, enfureció al omnímodo gobernante veracruzano, aunado a las publicaciones donde lo ponía en evidencia como mal político, por intolerante y represor, que llegó al extremo de prohibirle la entrada a los actos donde era la figura principal.
Denuncia pública de que su vida corría peligro en la capital del estado, al ser objeto de vigilancia y persecución permanentes por parte de individuos armados, a los que identificó como agentes de la “inteligencia” estatal, que lo mismo hacían guardias desde un vehículo frente a su casa, que le tomaban fotografías.
Responsabilizaría del acoso e intimidación al mandamás veracruzano, pero al no obtener ninguna respuesta federal ante su situación de total indefensión, decidió salir de la entidad para refugiarse en la capital del país, hasta donde fue perseguido y finalmente torturado y asesinado cruelmente.
Los relatos de sus amistades cercanas, de la forma en que transcurrió la vida del comunicador, antes de ser sacrificado, dan idea de la incertidumbre en la que se mantuvo, pues siempre se mantenía nervioso, pensando en que era vigilado por los agentes del gobernador Duarte, por lo que había entrado en contacto con organizaciones de derechos humanos en el Distrito Federal, con la idea de encontrar protección. Un suceso lamentable, motivado por mentes perversas, que de nueva cuenta vuelven a trascender al mundo la imagen de un México envuelto en la violencia e impunidad imparables, teniendo ahora como blanco mortal a un joven comunicador y a cuatro mujeres que vienen a sumarse a la ya larga lista de miles de víctimas inocentes en un país donde poco se hace para combatir la corrupción y se protege a quienes desde el poder cobijan o fomentan la violencia y el crimen.
Nuestro país se ha convertido en un lugar demasiado
peligroso en el mundo, para el ejercicio del periodismo. Del año 2000 a 2015, han sido asesinados 89 comunicadores, 16 de ellos en Veracruz, la entidad de mayor riesgo a nivel nacional y donde la revista estadounidense Forbes, ha señalado al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, como uno de los 10 políticos mexicanos más corruptos.
La inmensidad de la ciudad de México, ha dejado de ser segura para los periodistas que como Rubén Espinosa, pretendió encontrar en ella la protección que tanto pretendió.
¿De qué sirve que en cada estado se constituyan “Fiscalías” para la protección de los comunicadores, si de nada sirven al ser producto de la decisión de gobernadores o normatividades jurídicas constitucionales con la misma intención, que también tienen nula eficacia por el abuso permanente de poder?
La libertad de expresión, no puede ni debe seguir siendo en México, rehén del poder intolerante de gobernantes que actúan en complicidad con quienes no desean la paz social, que aún mantenemos en la mayor parte de la república, donde Chiapas afortunadamente, es uno de los mejores ejemplos.