Preso cardenal pederasta
El golpe mediático contra el Papa Francisco y la Iglesia Católica, se veía venir desde el mismo día 24 de febrero último, en que concluyera la Cumbre de los líderes de las 190 Conferencias Episcopales de la principal religión del mundo, al anunciarse en Melbourne, Australia, el veredicto judicial en contra del cardenal George Pell, considerado como el tercero en la Jerarquía de la Santa Sede, por los delitos de pederastia, que ameritaría a sus 77 años, su encarcelamiento.
La decisión de jurado y de la autoridad correspondiente, sería impugnada de inmediato por el equipo de abogados del religioso, que impugnaría los graves cargos en contra del prelado.
Prolongación de una agonía, de lo que ya se vislumbraba como un castigo inminente, para quien, ese mismo día terminaría su período de cinco años como responsable de las Finanzas de la principal religión del planeta, además de que desde diciembre de 2018, había dejado de ser uno de los nueve cardenales consejeros de Jorge Mario Bergoglio, “por motivos de edad”.
La noticia de la resolución final del juicio en contra de Pell, sería dada a conocer este miércoles 13 de marzo, la cual constituye una condena que implica su privación inmediata de su libertad por seis años, y representa también un acontecimiento inédito mundial, que por lo mismo cimbra la estructura del Estado Vaticano y la imagen del clero católico.
El personaje de toda la confianza del Vicario de Roma, estaría en posibilidad de solicitar su libertad condicional, una vez que haya cumplido de manera forzosa tres años y ocho meses de prisión (a partir de octubre de 2022), por abuso de menores.
Un tribunal de Melbourne ordenaría desde el miércoles 27 de febrero, la detención del ex arzobispo de esa ciudad y de Sidney, al ser declarado culpable el 22 de diciembre de 2018, de agresión sexual a un menor y de otros cuatro atentados al pudor contra dos niños de 12 y 13 años, del coro de la catedral, cometido entre 1996 y 1997, que según los fiscales a cargo, le llevaría a enfrentar un máximo de 50 años de cárcel, pero finalmente se tomó en cuenta su edad avanzada.
Impactante suceso, por ser el miembro de más alto rango eclesiástico católico sentenciado por una autoridad civil en el mundo, acusado de pederastia. Escándalo mayor que el provocado ahí en Australia, por el arzobispo de Adelaida, Philip Wilson de 67 años, al ser considerado culpable y condenado el 22 de mayo de 2018, a un año de prisión por encubrir abusos sexuales a niños, cometidos por el sacerdote James Fletcher, en la década de los años 70.
Wilson, ex presidente de la Conferencia Australiana de Obispos Católicos, presentaría al Papa Francisco su renuncia, la cual sería aceptada el 30 de julio, y le daría la oportunidad de ejercer sus derechos legales para apelar la sentencia, con resultados favorables, al ser declarado inocente en diciembre, poniendo en evidencia la manipulación política de su caso y contra la Iglesia Católica, realizada por el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, al pedir públicamente al Sumo Pontífice, su destitución.
Llama entonces la atención la tardanza por parte de la autoridad judicial, evidentemente inducida por el gobierno australiano, para trascender al mundo, del veredicto contra el cardenal George Pell, precisamente al término de la Cumbre Mundial de los 190 dirigentes de las Conferencias Episcopales de los cinco continentes, en la Santa Sede.
Sabedor de lo que ocurriría, el Papa Francisco había adelantado que “la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes. La Iglesia nunca intentará encubrir o subestimar ningún caso”.
Propuesta del Sumo Pontífice a los líderes de obispos de todo el mundo, para establecer mecanismos que eviten los casos de abusos sexuales a menores de edad, la cual deberá sustentarse en 21 lineamientos básicos, entre los que destacan la creación de un manual práctico que establezca los pasos que las autoridades eclesiásticas deben seguir tras una denuncia, así como la creación de estructuras de escucha, formada por expertos para realizar un primer análisis de los supuestos ilícitos.
Asimismo, la elaboración de criterios para la implicación directa del obispo o del superior religioso; implementar procedimientos compartidos para el análisis de las acusaciones, la protección de las víctimas y el derecho de defensa de los acusados; informar sobre un caso de abuso a las autoridades civiles y a las autoridades eclesiásticas superiores de acuerdo con las normas civiles y canónicas; revisar periódicamente los protocolos y normas para preservar un ambiente protegido para los menores en todas las estructuras pastorales.
Incluye también, establecer protocolos específicos para la gestión de las acusaciones contra los obispos; acompañar, proteger y atender a las víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo necesario para su completa sanación; impulsar iniciativas de formación de los obispos, superiores, clérigos y agentes pastorales para concienciar sobre las causas y consecuencias de los abusos sexuales.
Normatividad que plantea la obligación de colaborar con los medios de comunicación y personas, para distinguir y reconocer los casos verdaderos de los falsos; incorporar a expertos laicos en las investigaciones y juicios canónicos por abusos; proteger la presunción de inocencia en los juicios por abusos sexuales, evitando la publicación de listas de imputados antes de la investigación previa y la condena definitiva.
Pautas del Papa Francisco, que establecen respetar el principio de proporcionalidad de la pena y dictaminar que los curas y obispos culpables de abuso a menores abandonen su ministerio; impulsar programas de formación inicial y permanente entre los seminaristas y candidatos al sacerdocio o vida religiosa para consolidar «su madurez humana, espiritual y psicosexual; realizar evaluaciones de expertos a los candidatos a curas o a la vida consagrada.
Precisión en el mensaje del Jefe del estado Vaticano, para la formulación de códigos de conducta obligatorios para los curas o voluntarios para definir los límites apropiados en las relaciones personales; ilustrar información y datos sobre los peligros del abuso y sus efectos y sobre cómo reconocer las señales de estos delitos en colaboración con autoridades civiles, además de instituir un organismo de fácil acceso para las víctimas que deseen denunciar los delitos y que sea independiente de la autoridad eclesiástica local, con expertos clérigos y laicos.
Toda una estrategia Papal que subraya que la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes y nunca intentará encubrir o subestimar ningún caso.
Lenguaje muy claro para quienes desde el poder clerical superior han incurrido en complicidad para evitar el castigo de todos aquellos religiosos subordinados que han cometido atropellos en contra de menores de edad, lo cual lleva al propósito de cambiar la mentalidad para combatir la actitud “defensiva-reaccionaria de salvaguardar la Iglesia”.
Directrices a las Conferencias Episcopales, para la aplicación de parámetros que tengan valor de normas y no solo de orientación, y que ningún abuso deberá ser jamás encubierto ni infravalorado, así como transformar los errores cometidos en oportunidades para erradicar este flagelo y jamás caer en la trampa de acusar a otros.
Prioridad en la exigencia de la selección y formación de los candidatos al sacerdocio, y que la Iglesia tenga el deber de acompañar a las personas abusadas y ofrecerles todo el apoyo necesario, valiéndose de expertos en la materia.
Referencia del Sucesor de Pedro, al mundo digital, al recomendar que en la protección de los menores se tome en cuenta las nuevas formas de abuso sexual y en cuanto a turismo sexual, se necesita la acción represiva judicial, pero también el apoyo y proyectos de reinserción de las víctimas de este fenómeno criminal.
Encuentro de cuatro días -21 al 24 de febrero-, en Ciudad del Vaticano, en el que se escucharon voces críticas de los participantes, entre ellos el arzobispo de Chicago, el cardenal Blase Cupich, quien plantearía la necesidad de rendir cuentas y que en la denuncia de un delito, no sea obstaculizada nunca por el secreto oficial o por las normas de la confidencialidad, coincidiendo con las demandas de las víctimas que reclaman la efectividad de la consigna de tolerancia cero a todas las Conferencias Episcopales de la Iglesia Católica, con la exigencia de que cualquier religioso que sea condenado por abusar de un menor, sea expulsado del sacerdocio.
Conclave del Episcopado, que tendría la participación de Linda Ghisoni, la única mujer invitada a participar, como reconocida experta en derecho Canónico, quien abogó por un sistema de verificación ordinaria sobre el cumplimiento de la legislación vigente contra el abuso a menores, incluyendo en los lineamientos nacionales un capítulo que determine los motivos y procedimientos de la rendición de cuentas.
La especialista aconsejaría a la Santa Sede, que en cada Conferencia Episcopal, se constituyan comisiones consultivas independientes, formadas por laicos y clérigos, para aconsejar y asistir a los obispos, mediante informes y reuniones periódicas, que contribuirían a asegurar una mayor uniformidad en las prácticas y una interacción cada vez más eficaz en el seno de la Iglesia.
Posterior a la Cumbre Mundial de Ciudad del Vaticano, en México, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, fijaría la posición de la Jerarquía católica nacional, al calificar de grave el problema de abuso sexual de menores por parte de clérigos y agentes de pastoral en el ámbito eclesial, por lo que anunciaría la realización de un diagnóstico que
permita dimensionar y transparentar esta situación en el país.
Estricto apego a las indicaciones del Papa Francisco para dar fin a esta penosa situación, por lo que se implementarán políticas, protocolos, controles y mecanismos institucionales en cada Diócesis, para garantizar que ningún menor de edad vuelva a ser víctima de sacerdotes y que todas las instancias eclesiales estén capacitadas para proceder conforme a la legislación canónica y civil, respetando los tiempos de los procesos, cuando se tenga noticia sobre un probable abuso sexual de niños.
Mayor reforzamiento de la atención en la formación de sacerdotes, desde su ingreso al seminario y su formación, para evitar que representen un riesgo para los menores y para las personas vulnerables.
Un cambio de actitud, que conllevará el brindar atención primordial y privilegiada a las víctimas, para pedirles perdón, escucharlas y comprenderlas, promoviendo que en las Diócesis se lleven a cabo los procesos de denuncia civil, ofreciendo toda la cooperación eclesial con la autoridad ministerial.
Nuevo rumbo al interior de los mandos de la Iglesia Católica Mundial y en específico la mexicana, que establece el Sumo Pontífice Francisco, que ha empezado a tener resultados alentadores para quienes desde siempre han demandado la aplicación de la ley a los religiosos pederastas impunes.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.