Gobierno de Chiapas 2004, a columnista: “Cuídate”
La columna de hoy, fue publicada por el periódico Excélsior de la capital del país, el miércoles 23 de junio de 2004 en su página 10, que da idea de lo que ocurría en el estado de Chiapas bajo el “gobierno” de Pablo Abner Salazar Mendiguchía (2000-2006), que hacía prevalecer un sistema autoritario, violador de la libertad de expresión, suplantando la profesión de abogado.
Han pasado casi 17 años y la historia de amenazas y encarcelamiento de periodistas, estudiantes y empresarios sigue vigente, por lo que nos permitimos recuperarla gracia a nuestra máquina del tiempo impresa:
“El mensaje recibido en mi dirección electrónica de American OnLine (AOL), enviado desde los servidores de la Red de Internet, de una Secretaría del Poder Ejecutivo del estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, el miércoles 16 de junio a las once de la mañana con siete minutos y 56 segundos, es elocuente:
“La cagaste…
“Me dio risa tu nota, la verdad a ver quién te cree eso de los atentados en contra de don Conrado y que además fue con el presidente, ¿acaso crees que el público es tonto?
“Tu credibilidad podría bajar a causa de tus intereses…
“Cuídate… nos leemos”.
Curiosamente, ese mismo día, Excélsior y los matutinos chiapanecos Cuarto Poder, en Tuxtla Gutiérrez, y El Orbe, de Tapachula, publicaron mi columna titulada: “Ley de la Selva… Chiapas, paranoia del poder”, en la que hice referencia a la Ley Mordaza implantada por el Congreso estatal, a iniciativa del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, la cual, violando la Constitución Federal, aumenta la pena corporal hasta nueve años de cárcel, sin derecho a la libertad bajo fianza y con multa de mil salarios mínimos, a quien cometa el delito de difamación, lo cual ha motivado el repudio de los colegas y empresarios chiapanecos de los medios de comunicación, que han empezado a ser amparados por la justicia federal, contra actos de la “administración de la esperanza”.
Referencia también al clima de inseguridad, violencia, resistencia civil e inconformidad de los hombres de negocios, que hoy caracterizan a esa entidad del sureste, complicada de manera extrema en los últimos tres años y medio, debido a la incapacidad del gobierno “pablista”, así como por su indolencia para enfrentar el reclamo social que exige soluciones y no paliativos a su compleja problemática.
Asimismo, el señalamiento del acoso radical que Salazar Mendiguchía y su gobierno han hecho desde el primer día de su gestión, en contra del empresario-periodista Conrado de la Cruz Jiménez, presidente y director de Cuarto Poder, el rotativo más influyente de la capital chiapaneca, quien se ha visto orillado a abandonar el país, convencido de que su vida corre peligro en la entidad.
Relación de hechos, de realidades insultantes y por demás adversas en el Chiapas de la dictadura aldeana, que con el respaldo incondicional del Congreso local, ha llevado a cabo retrógradas “reformas” al Código Penal, pretende acallar la menor crítica periodística al triste espectáculo oficial.
Pronta respuesta a este columnista, de manera intimidatoria, que por lo mismo, hoy damos a conocer a la opinión pública.
Una situación inaceptable que obligó al columnista a solicitar a un grupo de expertos en cibernética, altamente calificados, a realizar la inmediata investigación, cuyos resultados hoy nos permiten afirmar que la advertencia tuvo su origen en una importante oficina de una Secretaría cercana al Palacio de Gobierno donde despacha el mandatario, que tal parece es demasiado sensible a los señalamientos de los errores que comete su administración.
Tenemos la información, misma que respaldará la denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables de la amenaza, ante la autoridad correspondiente, que mis abogados harán en los siguientes días, porque esta conducta ilícita dirigida desde Tuxtla Gutiérrez, que atenta contra la libertad de expresión en México, no puede quedar impune.
A diferencia de mis paisanos periodistas y dueños de periódicos, no tengo la menor intención de solicitar al Poder Judicial de la Federación, su amparo en contra de los actos de Pablo Salazar Mendiguchía y su gobierno.
Una sola razón: en mi columna no tienen cabida ni tendrán, la difamación o la calumnia. Todo lo que aquí se publica tiene el sustento que proporciona el diario acontecer en el país y el mundo, así como la personal investigación periodística.
De Chiapas, ninguna amenaza nos impedirá seguir analizando su grave situación, reflejada actualmente en una migración alarmante de miles de jóvenes, ante el desempleo causado por el derrumbe económico causado por la inexistencia de apoyos gubernamentales a los sistemas productivos del campo y a la misma actividad de contados inversionistas locales, que enfrentan con pesadumbre esta situación desventajosa.
En la hasta no hace mucho capital económica del estado, Soconusco, el desinterés de la administración “pablista” por respaldar la actividad del sector privado, ha propiciado que 70 por ciento de los socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), hayan cerrado sus negocios, desempleando a centenas de trabajadores, haciendo todavía más problemática la situación económica de la región fronteriza con Guatemala.
Revelación de su líder Samuel Gutiérrez Vázquez, de que, desesperados por la crisis, la carencia de apoyos financieros para el rescate de las empresas y la nulidad de programas dirigidos al campo, por lo menos cinco industriales y agricultores se han quitado la vida en lo que va del año. La situación ya no se soporta. Estamos en una situación desesperante y las puertas del gobierno del estado permanecen cerradas a los inversionistas locales, mientras que empresarios nacionales cancelan proyectos por la inseguridad prevaleciente en la Costa de Chiapas, propiciando intentos de secuestros de prominentes hombres de negocios y plagios, por los que se han tenido que pagar millonarios rescates.
Alarma en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de las Regiones Costa, Soconusco y Sierra, que le lleva a exigir a Salazar Mendiguchía, resultados concretos en el combate a la delincuencia y específicamente a las bandas de los Maras Salvatrucha, que imponen su ley en la Frontera Sur, causando zozobra e impidiendo que los sectores productivos y empresariales tengan confianza para invertir.
Crítica del CCE al mandatario por haber inaugurado el pasado martes 15 de junio, las instalaciones de la subprocuraduría de Justicia en Tapachula, cuya construcción fue realizada en el periodo del gobernador Roberto Albores Guillén y abandonadas por la actual administración en los últimos tres años, hasta su remodelación reciente con valor de 20 millones de pesos, que causó el enojo de los hombres del dinero privado, que demandan saber el destino final de las millonarias aportaciones empresariales al Fondo Contra la Delincuencia Organizada, hasta ahora no transparentadas.
Inconformidad que cunde en todo Chiapas. Indígenas tsotsiles que se sublevan en la zona Altos, para impedir en días recientes que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, continuaran con los cortes de energía en la cabecera municipal de San Juan Chamula. Queja generalizada por la expedición de recibos con cuotas elevadas por el servicio. Aviso de los chamulas a los empleados de la CFE, de que no les permitirán el acceso a su comunidad y que si lo intentan serán detenidos y amarrados como escarmiento.
Rebelión de los aborígenes por la imposición de la llamada tarifa de “Vida Mejor”, que ha motivado brotes de violencia entre otros grupos étnicos de Zinacantán y Oxchuc, donde los empleados electricistas han tenido que huir al ser apedreados por la muchedumbre que no acepta quedarse sin el suministro eléctrico.
Queja de la organización defensora de los derechos humanos Agustín Pro Juárez, en el sentido de que la administración de Pablo Salazar Mendiguchía viola los derechos elementales de los gobernados. Señalamiento de nuevas evidencias de que este tipo de prácticas, que incluyen la tortura, son constantes y sistemáticas en la entidad.
Versión respaldada por Amnistía Internacional, al subrayar Rupert Knox, investigador del Programa Regional para América, que en México, Chiapas es uno de los estados donde es posible observar mayor violación a los derechos humanos, especialmente de sus grupos étnicos, al estar politizada la impartición y administración de la justicia.
Problemas agravados en los últimos 42 meses por la indiferencia gubernamental, entre los más de 12 mil indígenas desplazados de sus lugares de origen por problemas derivados del “conflicto” propiciado por la “guerrilla zapatista”, así como enfrentamientos de tipo religioso y amenazas de grupos paramilitares.
Indignación de Julián Méndez, representante de tres mil afectados provenientes de Ocosingo, Tenejapa, Villa Corzo, Marqués de Comillas, Tila y Salto de Agua, al recordar que hace tres años se reunieron con el gobernador “aliancista” y este les prometió que en 72 horas daría solución a sus problemas. Hoy, dice, sólo tenemos promesas. Lo que hace el gobierno es para que nos desesperemos y que cada quien jale por su lado, porque no tiene respuestas.
Es el Chiapas donde el ciudadano duda de la palabra de su gobernador, más aún cuando en la revisión de la Cuenta Pública de 2002, se detecta que Pablo Salazar Mendiguchía excedió el gasto gubernamental en dos mil millones de pesos, por arriba de los 20 mil millones autorizados por el Congreso local, que sin investigación y explicación de por medio, aprobó este “gasto adicional”, que apenas motiva ya la intervención de la Comisión de Vigilancia de la auditoría Superior de la Federación, bajo la presunción de un desfalco a la Hacienda Pública.
Es el Chiapas al que el 22 de diciembre de 2003, acude el presidente Vicente Fox Quesada
para inaugurar la autopista Tuxtla Gutiérrez-México, autoacreditada por el gobierno “pablista”, no obstante que el tramo carretero quedó concluido por el antecesor, Albores Guillén, faltando únicamente la construcción del Puente Chiapas, que duró tres años con un coto de tres mil millones de pesos. A seis meses de su apertura, el también llamado “Puente del Esperanza”, es motivo de constantes reparaciones, dado su deterioro gradual, lo mismo de la carpeta asfáltica.
Es el Chiapas donde la sociedad está a punto de hacer cumplir las leyes por cuenta propia, ante la incapacidad gubernamental para frenar la inseguridad y la violencia en la zona Soconusco, controlada y sometida por la delincuencia y el narcotráfico, como lo advierte el Comité de Consulta y Participación Ciudadana, en voz de su dirigente Cuauhtémoc López, quien denuncia que sólo en Tapachula existen más de 800 narcotiendas en las que se comercializan todo tipo de estupefacientes.
Cerca de cumplirse 17 años de la publicación de mi columna desde la ciudad de México, hoy, la realidad de la Frontera Sur, aunque compleja por la presencia de más de 100 mil migrantes varados sin el obligado control migratorio y sanitario estrictos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha logrado durante los primeros dos años, cuatro meses de su mandato, desplegar en las distintas regiones de Chiapas, y especialmente en la colindancia con Centroamérica, todas las acciones necesarias para mantener un clima de armonía y paz social en apego al Derecho.
Un hombre de leyes, y nuevamente lo reconocemos, que mantiene en su convicción personal de absoluto respeto a la libertad de expresión y el respaldo y diálogo permanente con sectores productivos de la entidad.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.