Urge aplicar el estado de derecho
Las manifestaciones violentas han subido de tono en los últimos días en la entidad. Desde las esferas políticas se dice que todo tiene que ver con el cierre de las llaves financieras que se han hecho a los líderes magisteriales, sociales y campesinos desde palacio de gobierno, prácticas que han tenido todos los gobiernos en la historia de Chiapas y que ahora se consideran “corruptas”. Lo cual indudablemente es cierto, pero no hay un solo mandatario que no haya intentado hacer lo mismo y que no haya terminado finalmente cediendo a los intereses de quienes controlan a las masas y las movilizan a favor de sus intereses; y es que cierran la llave, pero no aplican el estado de derecho.
Los exgobernadores más recientes, Juan Sabines y Manuel Velasco, sufrieron las mismas presiones al inicio de su gobierno cuando intentaron ahorcar a las organizaciones luego de saber cuántos millones se tienen que pagar para controlar las manifestaciones; sin embargo, terminaron cediendo ante las presiones y pactando con los mafiosos líderes que hacen hasta lo imposible para seguir cobrando en la nómina de la Secretaría de Gobierno. En ambos gobiernos hubo resistencia a la aplicación de la ley.
Pablo Salazar Mendiguchía, también exgobernador de Chiapas, utilizó la represión para intentar controlar a las organizaciones sociales que al inicio de su mandato se salían de control y terminó otorgándoles subsecretarías de gobierno estratégicas a los líderes de las organizaciones sociales más radicales que desde sus posiciones seguían con las prácticas de manipulación de programas, desvío de recursos y condicionamiento de los apoyos, con la diferencia de que ya no tomaban ninguna dependencia pues tenían el control de manera institucional, finalmente cedió a los intereses.
En fin, el gobierno de la Cuarta Transformación quiere implementar la atención social sin intermediarios; es decir, desaparecer los liderazgos y apoyar directo al beneficiario, pero tiene un panorama difícil cuando las costumbres se hacen ley, de tal manera que tienen como reto la aplicación del estado de derecho, lo que hacen difícil la tarea para la secretaria de Seguridad, Gabriela Zepeda. y del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, que deben actuar con pinzas pues desafortunadamente tienen como reto el respeto a los derechos humanos en la aplicación de la ley.
Por cierto, en la descomposición social han implicado a los senadores Eduardo Ramírez y Manuel Velasco, de quienes circulan en redes sociales que muchos de los hechos son responsabilidad de estos dos políticos. En este sentido el senador de Morena, Ramírez Aguilar, hizo circular un comunicado en el que asegura que las graves acusaciones que circulan en su contra y donde pretenden involucrarlo con acciones de desestabilización son falsos. Esos mensajes, dijo, son una práctica cobarde y baja, detrás de los que se esconden intereses perversos y mezquinos, que únicamente abonan a un clima de incertidumbre y odio.
En el mensaje del político chiapaneco destaca que son momentos en los que se debe generar un ambiente esperanzador, de unidad, pero hay quienes piensan que sembrando odio y mentiras pueden cosechar paz o logros personales, lo cual es una equivocación. Afirma que su agenda de trabajo está en el Senado de la República en temas como la Guardia Nacional y otras reformas de gran interés para la nación; y no en temas relacionados con la violencia y reitera su amor por la entidad, la cual espera siga en la ruta de la transformación por el bien de todos.
De esta manera ERA ataja las acusaciones que desde hace días hacen en su contra y que finalmente están relacionadas con lo que decimos al principio, el cierre de llaves financieras y el control absoluto que pretenden en todas las dependencias contra los líderes que no se han quedado con las manos cruzadas.
Con filo
Este martes se vivieron en la capital del estado una serie de disturbios que enloquecieron a los ciudadanos, pues precisamente en palacio de gobierno se vandalizaron camiones de empresas particulares, en la Auditoría Superior del Estado se destruyó papelería y en la Torre Chiapas se bloqueó la circulación con la retención de vehículos de carga. Aquí, elementos de la Secretaría de Seguridad tuvieron que intervenir pues presuntos normalistas y maestros de Telebachillerato rompieron el orden lanzando cohetones y propiciando caos vial. La SSyPC confirmó la detención de nueve de los manifestantes, lo cual sin duda es aplaudido por diversos sectores de la sociedad que han venido pidiendo que se aplique la ley, y es que estos hechos se castigan con prisión. De acuerdo al artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga el derecho a reunirse y protestar de manera pacífica, siempre que no sea de manera violenta y que no se afecten los derechos de terceros. En este caso se violentó el derecho de terceras personas a transitar libremente y nuevamente se vandalizaron edificios públicos, siniestrando documentación oficial lo que los pone servicios y en la mesa para aplicarles la ley y poner un hasta aquí a las movilizaciones violentas que se han desatado.
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