Una tragedia abrió el camino al diálogo entre Poderes

El balón está en la cancha de la ministra presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, luego de que AMLO le propusiera usar para el rescate y reconstrucción de Acapulco los multimillonarios fondos de los fideicomisos del Poder Judicial extinguidos por el Congreso, de que ella avalara y pidiera los términos en que se llevaría a cabo dicha negociación y de que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, le solicitara iniciar el diálogo con ella y los órganos directivos de las cámaras de Diputados y Senadores.

La extinción de trece de los catorce fideicomisos judiciales con un monto ligeramente superior a los 15 mil millones de pesos, aprobada por las mayorías morenistas de San Lázaro (martes 17 de octubre) y del Senado (martes 24 de octubre), escalaron la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, a un peligroso nivel sin precedente en la historia reciente del país.

Con argumentos a favor de la extinción (acabar con privilegios), pero también en contra (violación a la autonomía de los juzgadores y a los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial), la situación llevó a protestas masivas de trabajadores y a la elaboración de una estrategia legal opositora (presentación de controversias constitucionales y solicitud de amparos directos), que podrían poner a la Corte en el nada conveniente papel de juez y parte.

Ese tema competencial no es menor. Al no deber ser al mismo tiempo juez y parte ¿tendrían que excusarse los jueces, en este caso los ministros, por conflicto de interés? ¿Quién entonces resolvería? Lo que se ve en el fondo de estas preguntas es una crisis constitucional.

El huracán Otis arrasó Acapulco en los primeros minutos del miércoles 25 de octubre. Entre la furia atípica del huracán y los fallos con las alertas tempranas y los protocolos de prevención y protección civil, el daño social y económico que resultó es mayúsculo y se encamina hacia una crisis política. ¿Se la imagina sumada a una crisis constitucional?

En medio de los daños de Otis y la confrontación entre los poderes de la unión, AMLO propuso al Poder Judicial en la mañanera del pasado martes 31 de octubre, destinar los 15 mil millones de pesos obtenidos por la extinción de 13 de sus fideicomisos para atender a los damnificados de Acapulco.

La oposición política vio en el ofrecimiento una perversidad de AMLO, pues una respuesta negativa daría lugar a la percepción de falta de solidaridad del Poder Judicial.

Por eso resultó bocanada de oxígeno la respuesta que vía oficio le dio al presidente la ministra Piña Hernández el mismo martes 31 de octubre pasado: “… es una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de la población…”.

Y devolvió el balón a la cancha del Ejecutivo: “… quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”.

Al día siguiente, el pasado miércoles primero de noviembre el balón regresó desde la Secretaría de Gobernación a la cancha judicial a través de una carta dirigida a la ministra Piña y firmada por Luisa María Alcalde, en la que comunica que fue instruida por AMLO para iniciar el diálogo junto con los órganos directivos de las cámaras de Diputados y Senadores.

Todo indica que el balón se quedará en la cancha judicial hasta el próximo lunes 6 de noviembre, cuando el Poder Judicial reanude labores tras el puente largo de muertos, según nos confirmaron en la oficina de la ministra Piña. El tiempo apremia.