De energías y confianza

Congreso de la Unión.- El acuerdo que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener), representa un grave retroceso para la generación de energías limpias y renovables, además de contravenir la Constitución y los tratados internacionales en la materia.

Con el citado acuerdo del pasado 15 de mayo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se atropellan las disposiciones legales vigentes, se evade la obligación de promover la generación de energías limpias y apostar por la reconfiguración de las refinerías para eliminar la producción del combustóleo que afecta gravemente la salud de los mexicanos.

El documento busca controlar la generación de energía al incidir en las reglas del sector, atentando contra proyectos e inversiones internacionales en la construcción de nuevas plantas eólicas y solares, provocando además que las tarifas eléctricas puedan aumentar hasta siete veces.

Para darnos una idea de lo anterior, tan solo el uso de combustóleo para la producción de energía eléctrica llega a 90 dólares por mega-watt-hora, mientras que el costo de la energía eólica es de solo 20 dólares.

Con este acuerdo, la Secretaría de Energía incumple las leyes de transición energética, así como de cambio climático, con las que México se comprometió a generar 30 por ciento de energía limpia para el 2021, además de deslindarse del cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Acuerdo de París en materia de cambio climático.

Esta política energética de la 4T afectará en alto grado la inversión estratégica frente al desarrollo de energías limpias y renovables que requiere nuestro país. Por el momento están en riesgo inversiones por alrededor de 30 mil millones de dólares.

Los expertos en el tema sostienen que el gobierno federal está promoviendo una política involutiva en materia energética, además de desalentar la inversión en el peor momento de la crisis sanitaria y económica frente a la pandemia del Covid-19, que ya causó un desplome del 19 por ciento del PIB solamente en abril (datos preliminares de Hacienda).

El acuerdo aludido restringe la operación de nuevas centrales de generación de energías renovables, pues limita directamente la emisión de permisos para nuevas centrales eólicas y solares, pretextando que pueden llegar a generar un impacto financiero y afectaciones a los usuarios finales debido a su intermitencia.

Este texto complementa al que presentó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el pasado 29 de abril para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo de la pandemia del nuevo coronavirus.

Este acuerdo del Cenace, por el cual varias compañías solicitaron y obtuvieron amparos, cancela las pruebas preoperatorias para las centrales solares y eólicas, bajo el argumento de que éstas dotan de inestabilidad al Sistema Eléctrico Nacional en un momento en el cual es necesario garantizar el suministro por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19.

Lo que sí es innegable, es que ambos acuerdos (29 de abril y 15 de mayo) atentan contra los principios legales que regulan la inversión estratégica para la generación, desarrollo e implementación de energías renovables y limpias, además de promover el uso de combustibles fósiles desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dichos acuerdos generaron preocupación en las empresas extranjeras con presencia en México y en sus países de origen.

Este cambio, según denunciaron empresas privadas involucradas en el sector, puede dar paso a una elección arbitraria por parte del órgano regulador en beneficio de la CFE.

Ante tal situación, Canadá y la Unión Europea enviaron cartas a la Secretaría de Energía expresando sus reservas al acuerdo publicado el pasado 15 de mayo.

A través de una misiva, la embajada de Canadá comentó que en los últimos meses empresas canadienses con inversión y proyectos en México han enfrentado diversos desafíos, manifestando su preocupación por la política de cancelación de subastas de energía limpia.

La delegación de la Unión Europea señaló por su parte que el citado acuerdo había elevado las inquietudes de varias empresas europeas involucradas en el desarrollo y fomento de las energías limpias en México, frente a algunas decisiones gubernamentales que están afectando al sector.

Los cambios de las reglas de operación que frenaron la dinámica de la reforma energética tanto en rondas de exploración y producción, así como en nuevos proyectos de generación de energía eléctrica limpia, influyeron para que nuestro país dejara de ser atractivo para los inversionistas extranjeros.

Este miércoles, el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) Kearney 2020, reveló que México ya NO se encuentra en los 25 destinos prioritarios a nivel mundial.

“Esto refleja que los inversionistas consideran que México es un destino menos atractivo para la Inversión Extranjera Directa respecto a otros países”, explicó Erik Peterson, director general del Global Business Policy Council de Kearney.

A su vez, Ricardo Haneine, director y socio de Kearney México, detalló que nuestro país quedó rezagado de la lista por varios factores como el bajo crecimiento histórico, los cambios en las reglas del juego, falta de transparencia en las normativas, así como la cancelación de diversas obras privadas.

 

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