Seguridad, violencia e impunidad reto de Andrés M. López Obrador
Sin duda, ante las circunstancias nacionales como: proseguir o no el nuevo aeropuerto de Texcoco, iniciar la construcción del Tren Maya, estabilidad del precio de la gasolina, cómo operará la nueva figura de los Súper Delegados, el cambio de sede de las Secretarías de Estado, la designación del primer titular de la Fiscalía de la República, qué rumbo tomará el éxodo de los hermanos migrantes de Honduras y otros países de Centroamérica, así como la posible designación de los titulares de Marina y Sedena, etc. Sin duda, son temas muy importantes; sin embargo, la agenda nacional a partir del primero de diciembre en puerta, hay otras demandas prioritarias que requieren ser atendidos por la nueva administración federal que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.
Así como de los poderes Legislativo y Judicial, para que tomen nota de la espiral de inseguridad, violencia que sigue creciendo la impunidad que afecta todos los niveles de la sociedad.
Hace unos días el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer los nuevos números de la violencia y el récord que ha alcanzado en el último año. La tasa de homicidios creció un 27% a 31 mil 174 personas asesinada en 2017.
“Es decir, una razón de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2016, que fue de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes”. En este sentido la administración de López Obrador que tendrá que afrontar esta realidad de inmediato para equilibrar en beneficio de la sociedad la paz social.
La situación no es nada fácil, habida cuenta la contaminación e infiltración de la delincuencia organizada en algunos niveles de la seguridad de los tres órdenes de gobierno, por lo que refleja estructura débil, vulnerable de la seguridad pública en todo el país: hay 600 municipios que carecen de policía local y 900 que tienen menos de 20 agentes en activo.
A la par de esta carencia o de la ausencia de elementos suficientes que den seguridad en mil 500 municipios de todo el país, en muchos de ellos el crimen organizado los controla e incluso, como ha sucedido en más de una entidad de nuestro país, la delincuencia está infiltrada y opera en los mandos policiacos operativos.
Consecuentemente, Ni más… ni menos… ¡Sólo lo justo! La inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, deben ser la prioridad del nuevo gobierno por ser las demandas más sentidas de la sociedad mexicana
Es apremiante que el presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, los poderes Legislativo, Judicial, así como los gobiernos estatales y municipales, validen la Reforma Constitucional del 2008 que refiere importantes modificación y avance en materia de seguridad y justicia; así como el nuevo sistema penal acusatorio (juicios orales) que entró en vigor en todo el territorio nacional en junio del 2016.
Es necesario y apremiante que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, validen el Nuevo Sistema Penitenciario sustentado en la Reforma Constitucional artículo 18, así como la Nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, promulgada el 16 de junio del 2016.
Es necesario asumir con responsabilidad la reforma en materia de Seguridad Pública Federal para que se defina su desincorporación de la Secretaria de Gobernación, así como la desincorporación o no del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y definir el mando único, así como los niveles de coordinación con Secretaria de Marina, Secretaria de la Defensa Nacional (designación de sus titulares) y los niveles de gobierno estatal y municipal.
Apremia mayor cultura, capacitación e instauración del Plan Nacional de Prevención del Delito en los tres órdenes de gobierno, para operar de manera integral, serio y responsable,
¡Es Cuanto!
Consultor Jurídico y Analista Político
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