Acuerdo de Escazú
En el marco de la septuagésima tercera sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en su sede de la ciudad de Nueva York el pasado 27 de septiembre, el Canciller Luis Videgaray Caso firmó, en representación de nuestro país, el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina”, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”.
Once países latinoamericanos más: Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay se adhirieron al Acuerdo y se espera que en los próximos dos años sea suscrito por los 33 países de la región, de acuerdo a las declaraciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América y El Caribe, dirigida por nuestra connacional Alicia Bárcena.
Pero, ¿en qué consiste este Acuerdo y cuál es su trascendencia?
Los países latinoamericanos enfrentamos, en conjunto, grandes desafíos para cumplir con las metas de desarrollo sustentable que nos hemos fijado, pero asociado a ello y, sin duda de mayor trascendencia para nuestra vida comunitaria, luchamos por lograr una distribución justa y equitativa de la riqueza que somos capaces de generar con objeto de eliminar de la región la pobreza y los problemas asociados a ella, pues a pesar de los grandes recursos que hemos dedicado para erradicarla pareciera ser una especie de destino perverso que nos persigue irremediablemente sin posibilidad de encontrarle solución.
Asociada a la pobreza se encuentra la falta de acceso a información confiable y fidedigna, lo que impide a este sector poblacional el ejercicio pleno de sus derechos y por ende es punto de partida para la violación de los mismos y para la deficiencia de una defensa con justicia en muy diversos temas, incluidos los ambientales que afectan de manera directa a las comunidades más pobres. Constantemente conocemos a través de los medios de comunicación de agresiones, amenazas, intimidaciones e incluso asesinatos de defensores ambientales, especialmente de comunidades campesinas e indígenas que se oponen a proyectos de desarrollo que con sus conocimientos ancestrales saben de antemano que afectarán su entorno ecológico.
De acuerdo a las declaraciones de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU: “El Acuerdo de Escazú es trascendental para la región porque se trata del primer tratado internacional del mundo que reconoce a las personas defensoras de derechos humanos y genera obligaciones específicas para los países firmantes en el sentido de brindar protección a quienes enfrentan riesgos al luchar por la preservación del medio ambiente”.
Hacemos frente también el compromiso intergeneracional de preservar la riqueza de nuestros recursos naturales y sus ecosistemas que se encuentran en grave riesgo debido a las dinámicas actuales de producción y consumo, a la migración rural-urbana que deja al campo en abandono, lo que en muchas ocasiones es aprovechado para cambiar los usos naturales del suelo, y a concentraciones urbanas incontrolables que generan alto grado de contaminación ambiental. A lo anterior se suman las consecuencias del cambio climático, cuyos impactos afectan de manera sobresaliente a nuestra región.
Este Acuerdo fue adoptado en el distrito de Escazú, perteneciente a la ciudad de San José, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y es resultado de la aplicación del décimo principio de la Declaración de Río formulada por los países de América Latina y el Caribe en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable celebrada en Río de Janeiro, Brasil en 2012. En ella los países signatarios reafirmaron el compromiso con los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos relacionados con el medio ambiente en base al reconocimiento de los principios democráticos fundamentales que guían las acciones de la Organización de las Naciones Unidas.
Los principios que guían al Acuerdo son: igualdad y no discriminación; transparencia y rendición de cuentas; progresividad y no regresión; buena fe; prevención; equidad intergeneracional; máxima publicidad; soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales; igualdad soberana de los Estados; y principio pro-persona. Su principal objetivo es garantizar la implementación, plena y efectiva, en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso de toda la ciudadanía a la justicia en asuntos ambientales.
México, como país signatario se compromete a formar y capacitar en derechos de acceso en asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos; a desarrollar y fortalecer programas dirigidos a la capacitación en derecho ambiental dirigidos a servidores públicos, a instituciones de derechos humanos y a juristas; a dotar a las instituciones competentes con el equipamiento y los recursos necesarios; a promover entre toda la ciudadanía la educación en temas ambientales; a desarrollar medidas específicas para personas o grupos en situación de vulnerabilidad; y a fortalecer las capacidades para recopilar, mantener y evaluar la información ambiental.
A la firma del “Acuerdo de Escazú”, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó: “Es un tratado que tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad”.
Sin duda este instrumento jurídico resulta una herramienta de vital importancia para que nuestro país logre cabalmente la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
javi.borunda@me.com