Esta semana el Instituto Nacional Electoral dio un ejemplo de autonomía e imparcialidad. Nadie puede estar por encima de la ley, aún y cuando sea el candidato favorito del Presidente de la República.
Es necesario recordar que el 25 de marzo, el Consejo General del INE, canceló las candidaturas de diversas personas registradas para contender a distintos cargos, entre otros, en los estados de Guerrero y Michoacán. Esto, por no haber presentado sus informes de ingresos y gastos de precampaña.
Ante esta resolución, los afectados promovieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Por lo que el Tribunal ordenó que el INE individualizara la situación de cada precandidato. En consecuencia, este martes el Consejo General del INE ratificó la sanción impuesta y les negó su registro.
Las amenazas durante todo este tiempo no se hicieron esperar. Morena amedrentó a los Consejeros electorales e incluso, amenazaron con revelar el domicilio particular del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, si la resolución no les favorecía.
Tras la decisión del INE, desde el púlpito presidencial, se ha insistido en que se cometió un “atentado contra la democracia”. Sin embargo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 229 estipula que, si un precandidato incumple con la entrega de informes de ingresos y gastos de precampaña, no podrá registrarse legalmente como candidato. La ley es clara y no responde a preferencias electorales.
En el caso de Morena, este partido quiso simular que sus precandidatos eran aspirantes, cuando en realidad realizaron actos de proselitismo para llamar a sus militancias a que los eligieran. En muchos de los casos, se celebraron eventos masivos que debieron ser reportados en su momento como lo que son: actos de precampaña, mismos que debieron ser contabilizados como un gasto. Las fotos y videos compartidos por los mismos interesados, no mienten.
No es la primera vez que el INE, en su calidad de árbitro electoral, retira registros a quienes se postulan a cargos de elección popular. Pero sí es la primera vez que un partido político, pone en tela de juicio la imparcialidad de este instituto sólo porque no lo favoreció con su decisión.
Desafortunadamente, estos ataques se están haciendo costumbre desde la Presidencia, sus funcionarios públicos y sus correligionarios. Cuando algo no les parece, atacan, amenazan y amagan con modificar la ley.
La encomienda que tiene el Tribunal Electoral para resolver en definitiva es excepcional. Deberá anteponer la ley a los caprichos presidenciales. Deberá tener altura de miras, autonomía e imparcialidad.