Dos años y poco avance

Pobres veracruzanos.

Mañana se cumplen dos años del terrible terremoto que el 7 de septiembre sacudió el territorio chiapaneco y a la fecha sigue pendiente que concluya la reconstrucción, sobre todo de los edificios afectados como escuelas y templos católicos.

Muchos pobladores que resultaron afectados en diversos municipios se siguen quejando de que nunca les llegó la ayuda prometida, o cuando menos no toda, para la reconstrucción de sus viviendas, por lo que cada uno tuvo que buscar por sus propios medios la forma de arreglarlas o de plano construir nuevas en los casos en que quedaron inservibles.

En cuanto a los edificios públicos, ha habido quejas de maestros y de padres de familia de que muchas escuelas no han sido reconstruidas todavía, por lo que siguen exigiendo atención, ya que en algunos casos los niños reciben clases en locales prestados o en condiciones no apropiadas para el aprendizaje.

Otro sector afectado seriamente es el religioso, ya que cerca de cien templos resultaron dañados, principalmente en las diócesis de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Muchos de estos recintos religiosos como la Catedral de San Cristóbal, joya de la arquitectura de hace casi cinco siglos, que muchos turistas nacionales y extranjeros desean visitar, permanece cerrada desde el 8 de septiembre de 2017, lo mismo que el templo de Santa Lucía y Santo Domingo ubicados en la ciudad coleta.

De acuerdo con cifras oficiales, fueron 114 monumentos históricos los que resultaron dañados en 42 municipios de la entidad, entre ellos alrededor de cien templos y cinco zonas arqueológicas.

Según estas fuentes, de los inmuebles, 94 templos y los exconventos de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal y Chiapa de Corzo, a la fecha han sido terminados 48 y los demás llevan diferente porcentaje de avance.

Sólo en la ciudad coleta fueron dañados 18 templos, de los cuales 8 ya están terminados, algunos con recursos aportados por grupos de la sociedad civil que al ver la tardanza de las autoridades tomaron en sus manos la responsabilidad de la reconstrucción, sobre todo de los que presentaron afectaciones menores.

Pero de verdad da tristeza ver, por ejemplo, que los días pasan y que la Catedral de San Cristóbal sigue cerrada al público y para la celebración de las misas. El símbolo del poder religioso, cerrado. Se entiende que los daños fueron mayores, ya que se afectaron estructuras importantes y que se necesita mucho dinero para su arreglo, pero las autoridades responsables deberían de poner mayor empeño en su reconstrucción, pues es un edificio de suma importancia no sólo para los católicos.

Había la expectativa de que con la llegada del nuevo gobierno federal los trabajos se agilizaran, pero parece que no, que las cosas van muy lentas, por lo que habrá que esperar que pasen muchos meses más para que el recinto religioso sea reabierto. Esperemos que sean meses, no años.

Pobres veracruzanos

Conociendo el grado de violencia que desde hace ya varios años prevalece en Veracruz, uno podría suponer que los días y meses por venir en ese estado serán de mucha turbulencia, de mucha agitación, luego de que la Comisión Permanente del Congreso local decidiera el pasado martes la separación temporal de Jorge Winckler Ortiz, titular de la Fiscalía General del Estado, que por órdenes de su anterior jefe, el ahora exgobernador, Miguel Angel Yunes pretendía -pretende- permanecer en el cargo de manera transexenal para que le proteja las espaldas.

Muchos gobernadores con temor de ser perseguidos con o sin justificación, han intentado sin éxito dejar a un fiscal a modo que los cuide en el sexenio siguiente. Pareciera que desconocen cómo funciona la política, pues una vez sentado en la silla, un gobernador -un virrey, pues- tiene mucho poder y los mecanismos legales o no para deshacerse de funcionarios no sólo incómodos sino hasta enemigos políticos, como en Veracruz.

Valga recordar lo que sucedió en Chiapas con Pablo Salazar que pretendió dejar como fiscal general por muchos años al ahora difunto Mariano Herrán Salvati, pero su sucesor Juan Sabines Guerrero tuvo la habilidad de quitárselo de encima muy rápido, como era de esperarse, e incluso terminó encarcelando al político originario de Soyaló.

Es impensable que un gobernador pueda permitir que en su gabinete le impongan a un funcionario del nivel del Fiscal, sin que sea de su equipo, cuando se trata nada más y nada menos que del tema de la administración de justicia, y por lo tanto tiene que ser alguien de todas sus confianzas.

La pugna entre Winckler Ortiz -léase Yunes- y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, del partido Morena, está a todo lo que da e incluso trasciende a lo nacional, pues llega hasta el Palacio Nacional, ya que el mandatario estatal cuenta con todo el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El fiscal fue nombrado el 30 de diciembre de 2016 por un período de 9 años y fue separado “por no cumplir con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y su revalidación”.

Desatada como está la violencia en Veracruz con la presencia de diferentes grupos delictivos -a veces manejados y controlados desde el poder-, es de temerse que a partir de su separación la situación pudiera agravarse, que ya es mucho decir.

Ojalá que por el bien de los veracruzanos, las cosas no sólo no empeoren sino que se controlen, pues ya basta de tanto derramamiento de sangre en esa entidad, donde por cierto, han sido asesinados muchos periodistas, como consecuencia de la descomposición política y social que prevalece, sobre todo desde la administración de Javier Duarte, ahora preso. Fin.