No podía ser de otro modo

Con su resolución acerca de la inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla que extendía hasta 2024 el período del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, del partido Morena, la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha callado las versiones de que en ese estado se ensayaba una posible reelección presidencial y de quienes apostaban a que se anulara el valor del voto libre y universal.

La resolución fue tomada por unanimidad por los ministros de la SCJN el pasado lunes durante dos horas y algunos minutos, sin mayor discusión, ya que había consenso para que se respetaran las leyes nacionales.

En medio de un escándalo nacional, el Congreso de Baja California hizo el año pasado reformas a la Carta Magna de esa entidad, para extender de 2021 a 2024 el período de Bonilla Valdez. Con el fallo, se volverá al texto anterior de la Constitución local y el gobierno de Jaime Bonilla Valdez concluirá el 31 de octubre de 2021.

El mandatario fue elegido para dos años, pero una vez que ganó hizo malabares con dinero público para que los legisladores locales modificaran la Constitución local con el fin de permanecer en el cargo tres años más. Desde el punto de vista legal, político y moral su pretensión era inviable, ya que los electores votaron porque permaneciera en el puesto sólo dos años, no cinco.

Su argumento era que se evitarían muchos gastos económicos porque no se realizarían las elecciones el año entrante. En eso tiene razón, pero las reformas en todo caso debieron de realizarse antes de los comicios en los que resultó ganador. Tratar de evitar las votaciones mediante una reforma constitucional significaría un fraude y se anularía el valor del voto universal.

Por eso es necesario celebrar el fallo de la SCJN, que en esta ocasión estuvo a la altura de las exigencias del país que necesita certidumbre en algunos temas como el electoral y la no reelección, porque algunos de los opositores de la derecha han venido machacando con eso. Avalar la Ley Bonilla hubiera significado de algún modo sugerir que se abría la puerta a la continuidad de un sexenio federal, aunque ello no esté en el ánimo del máximo poder, además de que serviría para abrir un nuevo frente de los opositores al gobierno.

Desde luego que la mayoría de mexicanos está en contra de que en el país haya una reelección y a favor de que se respete ese lema tan importante como histórico de Francisco I. Madero que tan útil ha sido desde la Revolución de hace un siglo: “Sufragio efectivo. No reelección”.

En esta Rotonda Pública del 6 de diciembre pasado, se publicó: “Lo saludable es que el máximo órgano de justicia de la Nación eche para abajo la Ley Bonilla y que resuelva el caso tomando en cuenta la opinión del Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) porque a todas luces la pretensión del gobernador Bonilla es jurídica y moralmente insostenible”.

Al presentar el proyecto correspondiente el pasado lunes, el ministro Fernando Franco González Salas manifestó que la duración de los cargos de elección popular es una condición determinante del voto, que el ciudadano elige no sólo quién debe gobernar, sino también por cuánto tiempo, y que no puede haber una elección democrática de gobernantes sin el conocimiento certero de la duración del puesto.

La resolución tiene mucha relevancia –es necesario insistir-, pues su alcance es nacional, no sólo estatal, ya que sienta un precedente de que, cuando menos en este caso, la SCJN se ha apegado a la Constitución por encima de intereses personales y de partido.

De igual forma puede interpretarse que es un poder autónomo que ha ejercido su independencia del ejecutivo, como es lo deseable. De otra forma no se explica que la resolución haya sido tomada por unanimidad. Como se sabe, algunos ministros en ese órgano tienen afinidad con el poder federal en turno, como ha ocurrido en cada sexenio, pero, o no se alinearon a una posible “sugerencia” del Palacio Nacional o esa “sugerencia” simplemente nunca llegó porque ahora son otros tiempos. ¿Habrán influido los ataques del gobernador en contra del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell y del gobierno federal por las diferencias en el tratamiento del coronavirus? Efectivamente, parecía de la oposición. Hasta el actor Eugenio Derbez estuvo involucrado de algún modo en el asunto.

Cualquiera supondría que tratándose de un gobernador de Morena, el partido gobernante, habría presiones a los ministros para que votaran en favor de que Bonilla Valdez ampliara su mandato hasta 2024, sin respetar la voluntad ciudadana. De hecho, no pocas personas pensaban que la resolución avalaría la Ley Bonilla, pero por fortuna, para bien de este país, no fue así, y el mandatario se quedará sólo dos años en el poder.

Había mucha expectativa por la postura que asumiría el órgano judicial, que no ha tenido la repercusión mediática que merecería, debido a la saturación informativa relacionada con el coronavirus, a pesar de que es tal vez uno de los fallos más importantes durante el casi año y medio de la actual administración federal .

Sí, existen motivos para celebrar y aunque al gobernador de Baja California no le haya gustado el fallo, no le queda más que acatarlo y concluido el período para el que fue electo, dejar el cargo. Lo que sí debería de hacer antes de irse, en caso de que todavía no esté contemplado, es una reforma para empatar las elecciones estatales con las presidenciales de 2024, es decir, que en las siguientes votaciones se elija a un gobernador que se quede sólo tres años.

Una de las preguntas que ahora después de la resolución surge, es qué pasará con los diputados –incluidos los de Morena- que avalaron la reforma para crear la Ley Bonilla, que se llevaron muchos miles de pesos del erario público. ¿Aplicarán ese dicho de que “lo caido, caido”?

Lo que sí se podría hacer tal vez es que sus respectivos partidos políticos les inicien un proceso interno, aunque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ha adelantado que difícilmente podría aplicar una sanción, toda vez las últimas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han establecido una jurisprudencia que impide a los órganos partidarios sancionar a los legisladores.

De todos modos, ahora sí existen motivos para celebrar el fallo de la SCJN. Fin.