La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dio a conocer que el plazo para ratificar la petición de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, venció.
En entrevista con medios de comunicación, la diputada del PAN explicó que los solicitantes, legisladores de Morena del Congreso chihuahuense ante San Lázaro, contaban con tres días para ratificar.
“¿Qué significa que no esté ratificado? Que no existe ya en términos formales una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”, aclaró.
“Siempre será bueno estar del lado correcto de la historia, de la ley, hoy venimos a decirle a Maru Campos que estamos contigo, con Chihuahua y con todo México”, comentó López Rabadán.
Contrastó los nexos con el crimen organizado con su combate. “Hay una exigencia nacional de seguridad, de proteger a las familias en todo el país, y tratar de comparar Chihuahua con Sinaloa ofende a la inteligencia de los mexicanos”.
El pasado 18 de abril de 2026, al menos cuatro integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), en conjunto con agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, aseguraron un narcolaboratorio en esta entidad
Un día después, dos miembros de la CIA y dos de la Fiscalía fallecieron en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara, lo cual llamó la atención de autoridades federales.
El hecho causó la renuncia del fiscal general del estado de Chihuahua, César Jauregui, la promoción de un juicio político contra Campos, una marcha en defensa de la soberanía nacional convocada por Morena, y citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer.
De acuerdo con la FGR, lo decomisado en el laboratorio fueron 55 mil litros de líquidos empleados como precursores químicos para drogas, dos mil litros de metanfetamina, artefactos para la confección de drogas sintéticas, cilindros de gas LP, contenedores.
Con referencia a Sinaloa, el 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 funcionarios, como al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza, de posibles nexos con la delincuencia organizada, narcotráfico y posesión de armas de fuego.
