Echar la culpa a otros: La mentira como verdad
En 2019 surgió el justo reclamo de padres de familia en diferentes partes del país, pero especialmente en la ciudad de México, por el desabasto de medicamentos en las instituciones del Sector Salud, para atender las necesidades de tratamientos de sus menores hijos con cáncer.
Las manifestaciones de protesta por tan grave situación que ponía en riesgo la vida de niños y niñas, se realizaron en las sedes de los principales hospitales Infantiles e Institutos Nacionales de Salud, que por décadas han proporcionado no solamente consultas, sino medicamentos, radioterapias, quimioterapias y cirugías, hasta elevar la voz ante Palacio Nacional, Cámaras de Diputados y Senadores, hasta llegar a bloquear los accesos de la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la capital del país.
Armados con mucho valor, conscientes de que podrían ser reprimidos por las autoridades policíacas, durante varias horas del 25 de agosto del año pasado, los padres de niños con cáncer portarían pancartas en las que criticaban al Gobierno Federal: “Hay dinero para ninis, pero no para quimioterapias ni medicamentos” o “Si el protocolo se interrumpe, nuestros hijos pueden recaer”, precisando que uno de los medicamentos faltantes, Metrotexato, tenía un costo de 40 mil pesos.
Pronta respuesta de las autoridades responsables e incluso el mañanero apoyo del mismo Presidente de la República, desde su feudo en Palacio Nacional, para afirmar que tales versiones eran falsas y que obedecían a “oscuros intereses de la oposición”, pues se contaba con suficientes medicinas y que algunas faltaban en el cuadro de atención al padecimiento, “realmente no eran tan importantes como para escandalizar”.
Operación de contraofensiva mediática dirigida a los padres inconformes, acusándolos de utilizar a sus descendientes para culpar al Primer Mandatario Andrés Manuel López Obrador, de los errores de planeación cometidos por su antecesor el priísta Enrique Peña Nieto.
Luego se reconocería que efectivamente no se contaba con los cuadros básicos para satisfacer la demanda, porque se habían cancelado contratos de compra con los laboratorios que los producían, con el agregado de que estaban dadas las instrucciones para adquirirlos en el extranjero en cantidades suficientes.
Pero salvo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que respondería satisfactoriamente los requerimientos de sus derechohabientes, en las demás instituciones, los usuarios de sus servicios se mantuvieron en situación de zozobra y desesperación, al sufrir la indiferencia a sus justas demandas de los titulares de la Secretaría de Salud federal, el académico Jorge Alcocer Varela y Luis Antonio Ramírez Pineda, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Las promesas del Jefe del Ejecutivo Federal quedarían sin cumplirse, pasados casi cinco meses después, al volver este miércoles 22 de enero, a ser tomadas por segunda vez las instalaciones de la Terminal Aeroportuaria “Benito Juárez” de la ciudad de México, por los mismos inconformes, para exigir no más discursos al Primer Mandatario y los responsables del suministro de medicinas a las instituciones de salud, exhibiendo un mensaje contundente: “El cáncer no espera señor Presidente”.
Esta vez, López Obrador haría referencia a que el desabasto era resultado de actos de corrupción del pasado en el Sector Salud, sin aportar ningún elemento de prueba, más que su afirmación, repitiendo el mismo esquema manejado en ese sentido, durante su primer año de gobierno.
Anunciaría que la Secretaría de la Función Pública federal, investigaba a Jaime Nieto Zermeño, director del Hospital Infantil “Federico Gómez”, por presuntos actos de deshonestidad en cuanto a la falta de medicamentos para tratar el cáncer, quien de inmediato le informó que el desabasto se debía al incumplimiento de la empresa SAFE, con la actual se mantiene un contrato trianual autorizado por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud que se cumple en este primer mes de 2020, por lo que se le aplicaron sanciones económico administrativas en apego a la ley.
Un problema que oficialmente, ha empezado a resolverse relativamente mediante la importación de productos para quimioterapias, con la mediación de las Secretarías de Salud y Hacienda, aunque no acorde a las necesidades y demanda de pacientes a los que los mismos médicos recomiendan: “No te enfermes porque no hay medicinas”.
Toda una situación extremadamente compleja la falta de medicamentos, no únicamente para niños, sino también para adultos, en los casos de cáncer en sus diversas modalidades, la mayoría mortales, pues se añaden aquellos utilizados por diabéticos, los que padecen el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), hipertensos y con problemas renales, por citar algunos de mayor impacto adverso en su salud.
Es así como en el inicio del segundo año sexenal, en la continuidad de los problemas que enfrenta la Administración Federal, se reitera la culpa al pasado de todo los males, pasando por alto la incapacidad, inexperiencia e insensibilidad de colaboradores cercanos del Jefe de la Nación, quien no obstante asegura, que la corrupción ya se acabó, como si ésta pueda desaparecer por simple decreto verbal.
Los ejemplos en ese sentido superficial, están a la vista en la Región Soconusco. Cancelación de Proyectos de Desarrollo, como el programado desde 2013 para la Frontera Sur, con sede en Puerto Chiapas, bajo el argumento de la existencia de actos de corrupción en la realización de la Zona Económica Exclusiva, que beneficiaría a la Región Soconusco, para lo cual se adquirieron poco más de 500 hectáreas, en las que ha sido un secreto a voces el multimillonario manejo irregular para la adquisición fraudulenta de las otrora tierras ejidales, así como de la escrituración que llevaría a cabo un notario del estado de México, compadre del Presidente Enrique Peña Nieto.
Una decisión que en la Región limítrofe con Centroamérica, ha sido criticada y condenada por los chiapanecos costeños, molestos porque el Presidente de la República se ha quedado en el simple señalamiento de actos de corrupción, pero no ha ido más allá en cuanto a la aplicación de la ley a los responsables, entre los que se encuentra un prominente ex legislador federal y un empresario patronal. Ambos protegidos por el entonces gobernador Manuel Velasco Coello, personaje que disfruta de la simpatía y respaldo de Andrés Manuel López Obrador, al grado de haberlo impuesto como senador, violando el marco legal constitucional.
Lo mismo ocurriría con el error que ha marcado el quehacer gubernamental del Presidente de la República, al cancelar incluso antes de su arribo al poder el pasado 1 de diciembre, siendo mandatario electo, el nuevo aeropuerto internacional de la capital de México.
Decisión sin mayor sustento que el de su palabra, pues no mediaría un respaldo técnico de alto nivel que avalara su acusación que era producto de un acto de corrupción, lo cual le ha costado a los mexicanos poco más de 125 mil millones de pesos, al verse obligado el Gobierno Federal a pagar las sanciones por incumplimiento oficial, a empresas nacionales y extranjeras involucradas en la magna obra que superaba ya el 50 por ciento de su construcción.
Evidencia de capricho y manipulación de una “encuesta popular” entre los antiguos propietarios de los terrenos ubicados en Texcoco, estado de México, que sin mayor conocimiento y en una “asamblea a mano alzada”, votaron en contra de la realización de la que sería una moderna terminal aérea, acorde a los tiempos y necesidades de los vuelos nacionales e internacionales, que la actual cumple, aunque cerca de la saturación.
Vendría la decisión del “dedito” Presidencial, de sustituir el proyecto avalado por organizaciones de expertos internacionales de la aviación, por una segunda opción, que implicaría la ampliación de la base militar de la Fuerza Aérea de Santa Lucía, en el estado de México, distante 45 kilómetros de la terminal “Benito Juárez”, no obstante haber sido descalificada por las mismas instancias mundiales especializadas, por no ser apta para tal propósito.
Sin embargo, aún yendo en contra de ello, el Jefe del Ejecutivo Federal ha continuado adelante con su idea, delegando la responsabilidad de su realización a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo costo podría elevarse hasta 150 mil millones de pesos, al concluirse en 2021, en las inmediaciones del municipio de Tecamac, dentro de la vecindad con Zumpango, Jaltenco, Nextlalpan y Tonatitla.
No se contempla aún el encarecimiento del desplazamiento terrestre de los pasajeros hacia la ciudad de México, comparado con los actuales, que superarán el mínimo de mil pesos por viaje.
Suma de decisiones personalizadas que siguen siendo cuestionadas mediante todo tipo de razonamientos sustentados para la búsqueda de una congruencia que no parece encontrarse y que por lo mismo implican un riesgo de inversiones gubernamentales demasiado cuantiosas, por sustraerse de ellas el capital privado, al advertir desde ahora un inminente fracaso, por adolecer de los respaldos que las hagan confiables.
Pretendido mayor impulso al turismo del Sureste del país, con la inminente obra del “Tren Maya”, que transitará por los sitios arqueológicos de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que en principio los costos de pre inversión, que incluirán los estudios de Impacto Ambiental, será de 972 millones de pesos, mientras que el de su creación total podría dispararse hasta mil 500 millones de pesos, 10 veces más de lo presupuestado, en un proyecto que también ha dejado de interesar al sector empresarial, por lo que la mayor parte de los recursos saldrán de las arcas públicas.
Se adelanta que una vez concluidas las obras, los estados más beneficiados de inmediato, por contar
con mejor infraestructura de servicios, serán Quintana Roo y Yucatán, en tanto Chiapas y Campeche, el pronóstico es de mediano y largo plazo.
Mucho por analizar en este espacio de CUARTO PODER, acerca de las ideas y decires del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que pasado el primer año de su sexenio, da la impresión de seguir en campaña, achacando al “pasado neoliberal” muchos de los problemas, que bien haría en atender porque son ya de su responsabilidad como jefe de las instituciones nacionales.
Que si hubo corrupción en el pasado reciente, no necesita afirmarlo, porque el ciudadano común sabe quiénes son los responsables. El problema es que hasta ahora todo se ha ido en discursos de señalamientos y de culpas ajenas que merecen la estricta aplicación de la ley, pero pareciera que todavía no existe la voluntad política del hombre de Palacio Nacional, para hacer efectivo el Estado de Derecho.
Llamaradas de petate, dice la gente, en cuanto a las medidas adoptadas para combatir una corrupción que se ha prolongado hasta la 4T de su gestión, como bien puede encontrarse en el hecho de que el 74 por ciento de la obra pública federal no se licita acorde a la normatividad jurídica vigente, sino que simplemente se ha adjudicado a los empresarios amigos del Movimiento de Renovación Nacional (MORENA).
Un “acto de justicia” en la persona Rosario Robles Berlanga, la ex correligionaria del Jefe del Ejecutivo Federal, que tiene todos los tintes de una venganza, luego de haber perdido la cabeza con su pareja el empresario argentino Carlos Ahumada, que hizo públicos videos en los que sobornaba a muy cercanos colaboradores de López Obrador, cuando era titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y pregonaba su campaña de “la honestidad valiente”.
Ya no habla de “La Mafia del Poder” ni del “innombrable” ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, o del mismo antecesor, Enrique Peña Nieto, tal vez porque haya mucho que agradecer por los favores recibidos, que hoy le mantienen sentado en la “Silla del Aguila”.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.