Indígenas desplazados
Por lo menos tres recomendaciones ha emitido hasta ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) derivado de los desplazamientos forzados de indígenas en la región de Los Altos de Chiapas, que han venido ocurriendo desde mediados del 2017 hasta la fecha, principalmente en comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en las que se advierte que autoridades federales y estatales no han garantizado la ayuda inmediata, servicios de salud, seguridad pública, no han realizado labores de prevención de delitos y conductas antisociales.
La problemática derivada de motivos diversos no termina y en los últimos días se ha agudizado y como tal, en esa zona se requiere la intervención inmediata de las instituciones para brindarles atención. Hoy en la frontera sur del país, en el puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo se han recibido a miles de migrantes centroamericanos a los que se han abierto las puertas del país y se les brinda no solamente una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, sino también alimentos, servicios de salud, albergue y hasta se busca mecanismos para que puedan conseguir un empleo.
Aquí cabe el dicho popular “candil de la calle, oscuridad de la casa”, cuando miles de indígenas chiapanecos desde hace varios meses están viviendo un conflicto que parece interminable, en el que han salido a relucir armas de fuego y por ello, la CNDH plantea la necesidad de elaborar un programa de desarme, paralelo a diseñar protocolos para garantizar los derechos a la vida, salud, alimentación, vivienda y educación, entre otros, de quienes siguen desplazados de sus comunidades a las que no pueden regresar por falta de seguridad.
La última de las recomendaciones es la número 87/2018, que está dirigida al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas; al Fiscal General de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca; al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón; al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino López; a la presidenta Municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, y al alcalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, a quienes en su conjunto pide que realicen diagnósticos de la situación actual tanto de los desplazados como de los conflictos.
Plantea que se implementen de manera conjunta entre todas las autoridades los protocolos de seguridad operados por las fuerzas del orden, que se continúe con la integración y perfeccionamiento de las carpetas de investigación, identificar y detener a los probables responsables de los hechos e incluso por la dilación injustificada en la determinación de las carpetas de investigación, toda vez que los ataques en las comunidades y los desplazamientos se siguen registrando.
Llama la atención el hecho que al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y al gobierno estatal, la CNDH les recomiende realizar campañas de información dirigidas a los habitantes de las comunidades indígenas sobre sus derechos, a la vez que realicen un análisis sobre la inversión pública en la zona y se asignen recursos suficientes para el Programa de Apoyo para el Acceso a los Derechos Indígenas Desplazados, porque si bien existe, no tiene fondos para atender a los afectados.
De acuerdo con la CNDH desde mediados del 2017 hasta los primeros días de enero, en esa zona se habían registrado por lo menos cinco mil 266 desplazamientos forzados, entre hombres, mujeres y niños, familias y comunidades completas, por cuestiones agrarias, políticas y sociales, incluso se advierte que las autoridades vulneraron los derechos a la libertad de circulación y residencia, a la asistencia humanitaria, a las medidas de ayuda inmediata, a la seguridad personal, a la vida, al acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada procuración de justicia y así como a los derechos económicos, sociales y culturales contra las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, situaciones que están obligadas a atender con urgencia, porque lamentablemente el conflicto sigue.
A escena
La alcaldesa de Tuxtla Chico, Deysi Lizbeth González Aguilar, no solamente es sindicado de no cumplir compromisos que hizo en campaña, sino que ahora ha decidido derribar las jardineras en la plaza central y ponerles cemento para de esa manera contar con más espacio en el que puedan presentarse artistas de talla internacional durante su feria de la Virgen de Candelaria, lo que se ha ganado el malestar de todo el pueblo. Son millones de pesos que se gastan sin beneficio alguno, señalan… En Suchiate, las cosas se le complican a la alcaldesa Sonia Eloina Hernández Aguilar, al abrirse una investigación por la muerte de una persona en la que presuntamente se encuentran involucrados funcionarios del Ayuntamiento y de cuyos hechos tomaron conocimiento policías municipales, pero no dieron parte a la Fiscalía del Ministerio Público. En este lugar, se han acumulado las denuncias de incremento de la delincuencia, entre asaltos y robos, incluyendo a tráilers cargados con mercancías de importación y exportación que ya se venían dando desde la anterior administración que encabezó Matilde Espinosa Toledo… En Motozintla, el juez mixto Jaime de la Cruz García, es sindicado de pretender despojar a una familia de una extensión de 35 hectáreas de terreno ubicado en el ejido Belisario Domínguez, para lo cual los agraviados ya presentaron un amparo con número 549/2018-VII-B que no ha sido respetado, ante lo cual las hermanas Celia y Esther Morales Velázquez, han pedido la intervención incluso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para evitar una injusticia. El juez Jaime de la Cruz en el 2015 fue prácticamente corrido de Comitán de Domínguez por haber cometido una serie de irregularidades denunciadas por las asociaciones y colegios de abogados de ese lugar, pero ahora hace de las suyas en la región de la Sierra Madre chiapaneca… Hasta la próxima.