Comar-Acnur

La existencia de oficinas de atención a migrantes en el centro de Tapachula ha traído como consecuencia una seria conflictividad social que ya causó estragos; los vecinos de las mismas ya empezaron a protestar por múltiples problemas que les causan, desde inseguridad hasta por riesgos en la salud.

Las peticiones van en el sentido de reubicar hacia lugares más adecuados a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pero también organismos no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en donde a diario se arremolinan cientos de extranjeros de muchas nacionalidades en busca de apoyo.

Se sabe que el gobierno federal habría tomado la determinación de utilizar lo que antes fueron las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos (TAR-Pemex), pero éstas a un año de haberse dejado de utilizar todavía tienen residuos peligrosos e incluso equipos de alta seguridad que lo convierten en inviable para establecer ahí no solo las oficinas de esos organismos, sino también un gran albergue para extranjeros.

Sectores sociales y empresariales de Tapachula empiezan a reaccionar ante lo que consideran una pésima decisión en caso de concretarse que a pesar de los riesgos los ubiquen ahí, porque se invadiría de extranjeros a la más importante zona comercial y estudiantil universitaria. Será peor el remedio que la enfermedad, porque se expondría a los jóvenes.

Si bien los que vivimos en la frontera sur estamos acostumbrados a ver una constante migración, es por primera vez que se padece un fenómeno de magnitudes jamás imaginadas. Miles de personas de Centroamérica, El Caribe, Africa y Asia, se encuentran asentadas en la zona y las autoridades federales no tienen una solución integral. Hoy en día no existe un albergue en específico donde se ubiquen, sino que ya se encuentran diseminados por toda la región.

Los gobiernos de México y Centroamérica están planteando el diseño de programas de corto, mediano y largo plazo para generar empleos en esas naciones y con ello tratar de frenar los flujos migratorios que buscan llegar a los Estados Unidos, pero tanto centroamericanos como extracontinentales siguen ingresando todos los días por el río Suchiate; el segundo de los grupos se presentan y entregan ante las autoridades migratorias que se ven obligadas a iniciarles un proceso de regularización ante la imposibilidad de deportarlos a sus naciones de procedencia.

Las autoridades de todos los niveles reconocen que la migración es un fenómeno complejo y el cual no se va a frenar de un día para otro ni instalando muros de piedra, de fierro, de policías o de militares, es más, en los hechos ha quedado demostrado que al buscar nuevas rutas para el traslado bandas de “polleros” incrementan los costos de los viajes desde la frontera sur mexicana hasta la de Estados Unidos, aun poniendo en riesgo la vida de sus “clientes” que pagan miles de dólares por llegar al “sueño dorado”.

Por ello es menester que las decisiones que se tomen en cuanto a la reubicación de las oficinas de atención a migrantes en Tapachula, como el caso de la Comar y Acnur, no provoquen más conflictos. De la ciudadanía local ha prevalecido el respeto hacia ellos, pero lamentablemente es una situación que se ha salido de control por no haber respuestas rápidas a las peticiones de asilo o de regularización.

Es más, el propio gobierno federal está empleando a extranjeros que ingresaron al país en forma irregular en un Programa de Emergente de Trabajo; en Ciudad Hidalgo tienen inscritos a 375 y en Mapastepec a 175, a los que envían hasta a limpiar las instalaciones migratorias y por ello les pagan 2,200 pesos quincenales, muy superior al salario mínimo, pero si un mexicano desempleado acude a las dependencias que manejan el mismo, no les brindan la oportunidad, generándose la inconformidad de los nacionales.

Las autoridades federales afirman que el fenómeno tiene que atenderse de manera coordinada con las naciones centroamericanas para evitar que sigan saliendo personas de esa región, pero ¿qué pasa con los que ya están aquí? ¿Sabrá el Instituto Nacional de Migración sus nombres y dónde ubicarlos? Por el momento, todo parece indicar que no y mientras tanto, siguen llegando de muchos países y la frontera sur enfrentando las consecuencias.

A escena

Por cierto ayer se dio a conocer que Guatemala y Estados Unidos llegaron a un acuerdo en materia migratoria, incluso que el país centroamericano podrá enviar a trabajadores agrícolas, pero también ayudará a contener los flujos de extranjeros que crucen por su territorio buscando llegar hacia el vecino del norte… La falta de oficio político y de negociación por parte del delegado regional de la Secretaría de Gobierno con sede en Tapachula, Omar Ornelas Silva, quedó demostrado ayer cuando no pudo evitar un bloqueo carretero de padres de familia de Puerto Madero que desde hace meses vienen solicitando que se atienda una petición para evitar la instalación de una gasolinera a unos metros de una escuela primaria que pondría en riesgo a los niños y maestros, tanto que tuvieron que utilizar la fuerza pública para desalojarlos, siendo detenidos siete manifestantes… En tanto, en la zona de Los Altos de Chiapas las autoridades no han podido controlar los bloqueos de organizaciones que incluso destruyen camiones prendiéndoles fuego y retienen a servidores públicos lo que genera inconformidad de los habitantes que ya piden que se aplique la ley a los responsables. Es más, ayer se confirmó por parte de la Fiscalía General del Estado que desde el 2015 a la fecha existen integradas 111 denuncias en contra de un grupo radical con sede en Ocosingo, Venustiano Carranza, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Altamirano, Yajalón, Comitán, Acala y Las Margaritas, por lo que únicamente falta que actúen… Hasta la próxima.