La Secretaría de Hacienda publicó en el DOF el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a un grupo de sectores que se definieron como “clave” de la industria exportadora, los cuales consisten en la deducción inmediata de la inversión en activo fijo nuevo y la deducción adicional de gastos de capacitación para el capital humano.

Si bien uno de los objetivos es apoyar a las empresas que se están subiendo a la ola del nearshoring, la amplitud en su aplicación a sectores no claramente relacionados con el mismo lo hace perder enfoque como estrategia para potencializar el fenómeno, amén de ser de corta duración, lo que podría hacerle perder eficacia.

A partir de este mismo año, las empresas que demuestren no sólo tener vocación exportadora, también que al menos 50 % de sus ingresos procedan de la exportación en los años que, en principio, durará el decreto, es decir 2023 y 2024, podrán deducir de manera inmediata de impuestos (ISR) de 56 % a 89 % (los cuales son diferentes a los establecidos en la LISR), en las inversiones nuevas en activo fijo, y una deducción adicional de 25% durante tres años para gastos de capacitación laboral.

Con ello, las empresas podrían acelerar sus adquisiciones planeadas y ejecutarlas este mismo año, considerando que podrán deducirlas de inmediato.

Ahora bien, un tema a considerar es a quiénes realmente beneficia el Decreto. En primera instancia son 10 los sectores que se definieron como “clave” entre los que se encuentran: las industrias de semiconductores, automotriz (especialmente en la electromovilidad), eléctrica y electrónica, dispositivos médicos y farmacéuticos, la agroindustria, y de alimentación humana y animal, entre otros.

Todos son sectores exportadores, pero no todos se pueden identificar como atractivos para el nearshoring, si entendemos este fenómeno como la relocalización de procesos industriales y sus cadenas de suministro a zonas más cercanas (México) al mercado objetivo (EE. UU.).

En este contexto, y para escribirlo en pocas palabras: productos industriales que le venden países como China, Taiwán e Indonesia y que podríamos vender nosotros.

Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Ciertamente, encabezan la lista los clásicos sectores exportadores, empezando con la industria más consentida, como lo es la automotriz, incluyendo ahora específicamente a los vehículos eléctricos; la electrónica y las manufacturas eléctricas.

Sin embargo, deja afuera a algunos sectores con alto potencial exportador, pero más allá de eso, debe de considerarse a la cadena de suministro. Si el proceso de relocalización pretende ser sólido y de largo plazo, requiere del apoyo a toda la cadena de suministro. La proveeduría de los exportadores debería estar incorporada en estos estímulos.

Hay que tomar en cuenta que para el universo de empresas que hay en el país (más de cuatro millones), son relativamente pocas las que exportan. De acuerdo con la última información que alcanzó a publicar el extinto ProMéxico, en el país hay 36 mil empresas exportadoras, de las cuales menos de 20 % concentra 80 % de las ventas, siendo principalmente transnacionales, ya que de las grandes exportadoras sólo 17 % son mexicanas.

Lo anterior es compatible en cierto sentido con el desarrollo de la industria exportadora que se fortaleció con la apertura comercial y a la inversión extranjera. La industria maquiladora de exportación tiene un alto capital extranjero, pero es la mayor empleadora del sector industrial, amén de tener un alto potencial para el nearshoring.

Si bien no todas, las poco más de cinco mil 200 empresas maquiladoras de exportación adquieren su activo fijo (las que lo hacen podrán deducirlo), por lo que el Decreto también podría ser un incentivo para que la importación de la maquinaria y equipo que requieren sea permanente y no temporal.

Los incentivos fiscales, aunque positivos, deben ser una parte de una estrategia de más amplio alcance y de visión de largo plazo para incrementar el potencial exportador de nuestro país.

Se requiere desarrollar capacidades competitivas en infraestructura, facilitación comercial, energéticos, instalaciones y, por supuesto, el eslabón más débil: el Estado de Derecho.