¿Buen Fin?
La presencia de miles de migrantes, el incremento de los niveles de violencia e índices delictivos y la falta de determinación del Instituto Nacional de Migración (Inami) ha hecho que la presencia de guatemaltecos en la frontera sur para realizar actividades comerciales y turísticas haya caído en forma estrepitosa en los últimos meses. Los sectores empresariales y comerciantes se quejan del trato que se da a los chapines, cuando de ellos depende en gran medida la economía regional por la derrama que dejan cada semana.
El hecho de que el quetzal tenga un valor superior que el peso y las facilidades que tenían para obtener la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) hacía atractivo para los guatemaltecos venir a México y particularmente a Tapachula; desde hace varios meses, el procedimiento para que les den ese documento de estancia legal en territorio mexicano se ha vuelto tortuoso, aunque se trate solamente de renovación de la mica.
De acuerdo con empresarios unos 15 mil guatemaltecos tienen la TVR vencida y por ello no pueden ingresar a territorio mexicano, porque tampoco el Inami cuenta con materiales para renovárselas y ello hace que de la frontera se den la vuelta. Desde hace varios meses han venido pidiendo que se amplíen los plazos de vencimiento o que el gobierno federal destine los recursos necesarios para poder atender a esa población que no viene a quedarse, sino a realizar compras y de actividades turísticas, es decir a dejar recursos económicos en la zona, pero parece que las autoridades migratorias los toman igual como si se tratara de migrantes que buscan solamente cruzar para ir a los Estados Unidos.
Ayer se inició el programa Buen Fin que el sector comercial espera con ansias al ser unos días en que pueden recuperarse e incrementar las ventas, aunque sea con ofertas, pero no se otorgaron facilidades para el ingreso de los chapines; en los cruces fronterizos de Talismán y Suchiate I, fueron pocas las personas con vehículos que ingresaron ayer, aunque consideran que el fin de semana podrían ser más, aunque requieren la colaboración de las autoridades migratorias que han sido denunciadas de afectar la economía regional por la cerrazón que mantiene en cuanto al otorgamiento de las TVR.
No solamente eso, el sector cafetalero está enfrentando serios problemas por la falta de mano de obra para el levantamiento de la cosecha que está en marcha y en ese caso sucede lo mismo, el Inami ha puesto muchas trabas para otorgar los permisos para el ingreso de jornaleros agrícolas guatemaltecos, tanto que a muchos propietarios de ranchos dedicados a esa actividad no les renovaron sus permisos para poder contratar y les pedían las propias autoridades que buscaran entre los migrantes que permanecen varados en Tapachula, aunque el corte del aromático requiere mano de obra calificada.
A la Secretaría de Gobernación y a Relaciones Exteriores, organismos empresariales como la Coparmex, Canaco, Canacintra y asociaciones productivas de cafetaleros han enviado sendos documentos para pedir a sus titulares Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard Casaubón intervengan en este problema, ya que se debe diferenciar a los migrantes que ingresan al país ilegalmente y a los guatemaltecos que llegan para realizar actividades económicas y turísticas, así como a los jornaleros que vienen a ayudar a levantar las cosechas.
Y es que lamentablemente la frontera sur se ha llenado de extranjeros de Centroamérica, Africa, Asia, Haití y Cuba, pero estos lo que buscan es cruzar el territorio para llegar a los Estados Unidos; en el caso de los guatemaltecos con TVR y Tarjeta de Trabajador Fronterizo, ayudan a fortalecer la economía y no son un problema social como los primeros. Esa es la diferencia y las autoridades migratorias deben entenderlo y no convertirse en un obstáculo.
A escena
Hablando de la frontera, ganaderos de la región han demandado la intervención de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, la Fiscalía General del Estado y los Ayuntamientos municipales, para que se apliquen las leyes en relación a la verificación, inspección y movilización de ganado, sus productos y subproductos, ante el ingreso al país de contrabando y que afecta a ese sector, en virtud a que se está dejando de aplicar la Norma Oficial Mexicana NOM-024-ZOO-1995. Todas esas autoridades tienen obligaciones y responsabilidades, porque la falta de control pone en riesgo no solamente la producción sino la salud de los consumidores… En los municipios de Tapachula y Suchiate en las últimas semanas se ha vuelto a incrementar los hechos de violencia graves, tanto que ayer en un ataque armado fueron asesinadas tres personas y otra más resultó herida, mientras que en días pasados se conocieron otros casos graves como el asesinato de una de las nueras de la exalcaldesa suchiatense Matilde Espinosa Toledo, aunque de ello ya se detuvo a uno de los presuntos responsables. La sociedad de esta región requiere la intervención de todas las autoridades y se prevengan los delitos, porque los que se han salido de control también son los asaltos con violencia que hasta se han dejado de denunciar pero que son conocidos en las redes sociales. Ojalá que los titulares de las dependencias del ramo volteen los ojos hacia esta región y le pongan mayor atención… En Tapachula la Universidad Autónoma de Chiapas realizará una consulta ciudadana para conocer la opinión de los habitantes sobre las necesidades que enfrentan y hacia qué rubros se deberían dirigir los recursos públicos, aunque la mayor demanda en estos momentos es la seguridad y para saberlo no se requieren efectuar encuestas… Hasta la próxima.