¿Qué hacer en Pantelhó?
Pareciera que el conflicto en Pantelhó, que durante más de diez días ha sido nota nacional e internacional, emergió de la nada, pero no, detrás están muchos agravios y abuso de autoridades de ese lugar y de grupos de poder que han agraviado y lastimado gravemente a muchos pobladores, sobre todo a los indígenas.
El conflicto es meramente político, no militar, a pesar de la presencia de hombres armados, agrupados en las Autodefensas del Pueblo El Machete, que el 7 de julio irrumpieron en la cabecera municipal con su “ya basta”.
El fondo del problema, como ya se ha dicho, es la disputa del poder municipal, pues desde ahí o con su aval se han cometido diversos atropellos en contra de muchas de las comunidades que ahora se han levantado, incluyendo una veintena de homicidios, impunes casi todos.
El asesinato del catequista Simón Pedro Pérez López, exdirigente de la organización Las Abejas, ocurrido el 5 de julio en la cabecera de Simojovel fue el detonante de la irrupción sucedida dos días después, pero el grupo de autodefensas ya se había conformado.
El punto de quiebre ocurrió el 8 de mayo, cuando Enrique Pérez Pérez, “principal” de la comunidad San José Tercero, ahora sede el descontento de un importante sector en el municipio, fue asesinado a balazos en su milpa, presuntamente por miembros del grupo identificado como Los Herrera, ligado al poder municipal.
En respuesta, sus compañeros asesinaron a Rubisel Pérez Pérez, además de que expulsaron de San José Tercero a 35 personas identificadas con Los Herrera, que actualmente se encuentran refugiadas en el DIF municipal en la cabecera.
Quien dijo ser el comandante de El Machete, que no se identificó, afirmó el domingo que a partir de que mataron a Enrique, “mi mejor amigo, formamos el Machete porque no hay justicia”.
Es decir, hace poco más de dos meses que planearon en serio la conformación del grupo, aunque algunos de sus integrantes probablemente ya habían participado en otras organizaciones armadas. Tal vez estaban esperando el resultado de las elecciones del 6 de junio para decidir si entraban o no en acción.
Tratándose de un problema político y no militar, aunque haya un grupo con armas, podría decirse que la solución es menos complicada, pues los caminos de la negociación, se vuelven menos espinosos.
De hecho, la presencia de Josefina Bravo, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en una concentración de tres mil personas realizada en San José Tercero el domingo, puede ayudar a encontrar una salida negociada.
Para sorpresa de muchos, la funcionaria fue invitada al encuentro, en el que fueron exhibidos más de cien hombres armados, para que escuchara los planteamientos de la población inconforme, con el fin de que el gobierno federal intervenga en la medida de sus posibilidades.
Lo central de la exigencia del grupo es la anulación de las elecciones municipales del 6 de junio, en las que resultó ganador Raquel Trujillo Morales, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que lleva varios trienios en el poder, y por lo tanto, corresponsable del deterioro político y social.
La invitación a Bravo para que acudiera, es muy importante, pues significa que los inconformes confían (todavía) en que el gobierno federal escuche sus demandas e intervenga para resolver el conflicto.
En principio, Bravo propuso la instalación de una mesa para atender las demandas de los pobladores de las 86 comunidades que exigen también la realización de una auditoría a la alcaldesa interina, Delia Janet Velasco Flores.
Ojalá que las autoridades federales atiendan las demandas de ese sector de la población y que se sienten las bases para que haya paz y tranquilidad en ese municipio tsotsil y tzeltal para que se respeten los derechos de todos sus pobladores.
La anulación de las votaciones y el reconocimiento de autoridades municipales elegidas mediante el sistema de usos y costumbres, plantea también un problema para los habitantes de la cabecera, principalmente, pues la mayoría sufragó por Trujillo Morales.
De hecho, muchos mestizos que tienen casa en el pueblo no han regresado desde el 7 de julio en que irrumpió El Machete, que con sus hombres armados controla buena parte de comunidades. Tampoco han sido vistos los miembros del ayuntamiento, lo que sugiere un vació de poder municipal. El control del palacio lo tienen el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal.
Habrá que esperar para saber cómo evoluciona el conflicto y qué decisión toman las autoridades federales y estatales para evitar que la crisis se agrave más adelante, conforme se acerque la fecha del relevo municipal. Por ahora, parece que las cosas están medio tranquilas, en un compás de espera. Ojalá que se distiendan más en lugar de calentarse.
Otro problema que se agravó la semana pasada es el de Mitzitón, municipio de San Cristóbal, donde un grupo de evangélicos está confrontado con las autoridades católicas tradicionalistas que siempre tratan de imponer su ley.
Las presiones ocasionadas por el bloqueo de tres días que los tradicionalistas realizaron en la carretera Panamericana para exigir la expulsión del pastor Alejandro Jiménez Jiménez, dio como resultado su captura, lo que provocó que los protestantes se movilizaran ayer mismo y efectuaran una ruidosa macha por las calles de San Cristóbal para demandar su liberación. La movilización les dio resultado, pues apenas había concluido cuando fue excarcelado, antes incluso de ser vinculado a proceso. Según Esdras Alonso González, dirigente de la iglesia Alas de Aguila, a la que pertenece el pastor, no había elementos de prueba para tenerlo en prisión. Por ahora se desactivó el problema, pero habrá que esperar la respuesta de los tradicionalistas que no van a estar nada contentos con que las autoridades lo hayan soltado. Fin